Centralización y discrecionalidad en órganos electorales

Ambos factores afectan calidad de elecciones; la reforma promulgada da problemas de operatividad y definición de competencias
Los organismos locales cambiarían su denominación.
Los organismos locales cambiarían su denominación. (Enrique Hernández)

Valle de México

La Reforma Electoral promulgada este año presenta problemas de operatividad y de distribución de competencias que afectarán la calidad de las elecciones y al sistema electoral en su conjunto, afirmó Víctor Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE).

Especificó que dicha reforma contiene problemas de distribución de competencias derivados de la centralización del Instituto Nacional de Elecciones (INE) sobre los que se denominarían Organismos Públicos Locales en lugar de Institutos Estatales Electorales, estos últimos aún no derogados, situación que pone en duda el estatus jurídico de dichos órganos.

Asimismo, conduce a un problema de centralización y discrecionalidad, pues el INE podrá decidir qué elecciones locales gestiona y cuáles delega a esos órganos públicos locales.

El investigador censuró el rediseño de las instituciones electorales previsto en la enmienda, pues dijo que se trata de un acto de "acrobacia" legislativa que podría dar al traste con los avances en el proceso político del país, causar problemas de legitimidad y constituir un nuevo foco de desconfianza ciudadana.

Abundó que cerca de 20 años de jurisprudencia gestada en torno al tema se perderían con la propuesta de creación del INE, en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que equivale a empezar de cero.

Recordó que el diseño del modelo electoral incluyó el desmantelamiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, que pasa del INE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esta nueva arquitectura conduce a un solo ordenamiento, además, la reforma prevé una ley de delitos electorales separada del Código Penal.

Especificó que la reforma contiene, además, una serie de procedimientos inciertos acerca del servicio profesional electoral, sobre los concursos de selección de los 11 consejeros electorales.

Además de que no queda claro si el nuevo reglamento del INE será el mismo que el del Instituto Federal Electoral o si será renovado.

Expuso dos escenarios en cuanto a la integración de las nuevas autoridades electorales: por un lado, se podría incluir a los cuatro miembros del consejo general; en su defecto, se definiría con 11 nuevas personas con poca o nula experiencia y que tendrían en sus manos el manejo de un instituto con un nuevo diseño y con problemas de ingeniería institucional, por lo cual calificó la reforma como un acto acrobático por parte del Poder Legislativo.