Cancillería da por concluido diferendo con relator de ONU

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del relator especial de la ONU sobre la tortura.
Meade explicó que de los 14 casos de presunta tortura que documentó el Relator Especial de la ONU en México, en 13 de ellos se han registrado avances.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del relator especial de la ONU sobre la tortura. (Notimex)

Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio por concluido el diferendo surgido del informe sobre la tortura en México de la ONU y reafirmó su postura sobre el desacuerdo por el papel desempeñado por el relator especial para dicho trabajo, Juan Méndez.

En un comunicado de prensa, la SRE aseguró que existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido.

Una de ellas, señala, es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden, lo que consideran que no corresponde a la realidad pues el relator define el término "generalizado" como actos que no son "aislados", lo que contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.

Sin embargo, el gobierno de México reiteró su plena disposición a seguir colaborando con los organismos internacionales en materia de derechos humanos y acredita su política de Estado en materia de apertura al escrutinio internacional en esta materia.

En este sentido, la SRE dijo que México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del relator de la ONU.

La información que proporcione México incluirá, entre otros aspectos, los últimos desarrollos legislativos en la materia, conforme a las iniciativas del Ejecutivo Federal del 27 de noviembre de 2014, y los instrumentos de política pública que las autoridades federales y estatales han desarrollado para mejorar la capacidad de prevención, investigación y sanción de los actos de tortura.