Aprueba Cabildo queja para investigar a magistrados

La síndica segunda de Monterrey, Irasema Arriaga Belmont, solicitó a la Contraloría municipal una investigación para aclarar la situación.
Irasema Arriaga Belmont, síndica segundo de Monterrey.
Irasema Arriaga Belmont, síndica segundo de Monterrey. (Archivo)

Monterrey

El municipio de Monterrey aprobó por unanimidad enviar una queja al Consejo de la Judicatura Federal para investigar a los magistrados por las irregularidades detectadas durante un juicio que benefició a un particular, al que debe liquidarse un monto millonario.

El secretario del Ayuntamiento, Jesús Hurtado, planteó al Pleno del Cabildo aprobar la propuesta hecha por el regidor del PRD, Eustacio Valero Solís, y secundada por su homóloga del PRI, Carlota Vargas. De esta manera fue cristalizada por unanimidad.

El pasado 2 de julio, MILENIO Monterrey publicó que la síndica segunda del municipio, Irasema Arriaga Belmont, excedió los límites de sus atribuciones para beneficiar a un particular, y de paso dar la estocada final al Ayuntamiento que ella misma representa, al dejarlo perder en tribunales un juicio millonario.

Arriaga Belmont entregó una constancia de no afectación de bienes inmuebles a favor de Jorge Cantú Salinas, quien en ese momento tenía abierto un juicio de revisión contra el municipio por una supuesta invasión de terrenos en el cruce de Prolongación Madero y Churubusco, en los límites de Monterrey y Guadalupe.

Sin embargo, la síndica segunda señaló que la información publicada fue tergiversada, pero solicitó a la Contraloría municipal una investigación para que se aclare esta situación.

"Dicha constancia no tuvo el alcance que se le adjudicó, ya que los mismos hechos se narran de forma incompleta y errónea, pues la constancia que se expide con la finalidad de determinar si un bien inmueble de un particular afecta o no los bienes del municipio.

"Por otra parte, en dicha constancia señala una leyenda que reza y que pasaron por alto: el presente documento no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se dictó en base a los datos e informes por parte de la parte interesada", alegó.

El regidor del PT, Asael Sepúlveda, respaldó la solicitud de investigación que anunció durante la sesión del Cabildo la síndico segunda.

Por su parte Jesús Hurtado, secretario del Ayuntamiento, afirmó que se detectaron presuntas fallas e irregularidades en el proceso.

"Es darle vista al Consejo de la Judicatura sobre algunas irregularidades que se han identificado en el proceso, hay varias irregularidades, estamos dejando en el tema a los abogados y que la Dirección Jurídica siga litigando en los tribunales,

"Se están evidenciando las irregularidades identificadas para lo investigue la Judicatura", señaló el funcionario municipal.

Antes de que la síndico segunda diera la información legal y solicitara una investigación a la Contraloría, el regidor Arturo Pezina Cruz pidió que el caso se esclarezca y se tomen las medidas legales y políticas a las que haya lugar.

"Tal y como aquí lo comentamos desde el 12 de junio pasado, que nos parecía extraño y sospechoso que por segunda ocasión, en un mismo año, bajo la misma defensa legal, es decir, con el mismo abogado, el municipio perdiera con el mismo particular un litigio de años atrás, cuya sentencia llevaría a pagar una segunda indemnización millonaria a costa del erario público.

"La suma en ambos casos podría ascender a más de 100 millones de pesos, por lo que lo mínimo que exigíamos era abrir una investigación seria y profunda, incluso llevada a cabo por una instancia ajena, para deslindar cualquier presunto arreglo o componenda que pudiese existir desde la administración municipal con la contraparte", dijo Pezina Cruz.

Este juicio le costó a Monterrey 38 millones de pesos por concepto de indemnización que ordenó el Tribunal Colegiado, reconoció Margarita Arellanes en junio.

El 12 de junio de 2014, los regidores del PRI en el Cabildo regio exigieron que se investigara el caso, pues sospechaban que el municipio se había "dejado perder".

La sospecha era porque el 9 de enero el Ayuntamiento anunció que tendría que pagar una indemnización por 62 millones pesos al mismo demandante, también por una invasión de predio en el cruce de la avenida Constitución y Constituyentes de Nuevo León.