CNDH: no debe hablarse de conclusión en caso Iguala

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, justificó las manifestaciones en apoyo a los normalistas como expresión de hartazgo ante impunidad y complicidad entre autoridades y delincuentes.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el presidente de la CIDH, Humberto Antonio Sierra.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez (izquierda),dijo que se tiene que esperar lo que diga la CIDH (Notimex)

Ciudad de México

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, no podrá darse por concluido hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes.

"El expediente de Ayotzinapa para la Comisión Nacional sigue abierto por lo que hace a su propia actuación, pero también falta ver qué dicen los jueces, qué dicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y faltan los resultados que se mandaron a periciar al extranjero, y entonces es un expediente que no está cerrado, que no debe estar cerrado que no debe hablarse de conclusión y que para la CNDH sigue abierto", puntualizó el ombudsman nacional.

Sostuvo que lo sucedido en Iguala indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la autoridad y sancionados conforme a derecho.

Al presentar el informe anual de actividades de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez justificó las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas de Ayotzinapa como expresión del hartazgo ante la impunidad y la complicidad entre autoridades y delincuentes.

No obstante, advirtió, el derecho a la protesta social no es absoluto y su límites son la afectación a terceros o la alteración del orden público, y en ese sentido se pronunció porque las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad.

El ombudsman reafirmó su compromiso de hacer efectivo el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas, con la garantía de no repetición, así como rendición de cuentas y sanción a los responsables.