CIDE: reprobadas, las instituciones de justicia

La mayoría de los ciudadanos carece de medios y condiciones para resolver conflictos a través de éstas, señala al entregar 217 propuestas y 20 recomendaciones al Ejecutivo y a los estados.
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en el Museo Nacional de Antropología el informe y las propuestas sobre justicia cotidiana.
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en el Museo Nacional de Antropología el informe y las propuestas sobre justicia cotidiana. (Javier García)

México

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, aseguró que la justicia cotidiana, sus instituciones y sus efectos en la vida de las personas tienen un escenario "preocupante" y la mayoría de los ciudadanos carece de medios y condiciones para solucionar sus conflictos a través de las instituciones.

Antes de hacer entrega del Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México al presidente Enrique Peña Nieto, López Ayllón dejó claro que la justicia cotidiana corresponde principalmente al ámbito de los gobiernos estatales y que por ello muchas de las soluciones pasan por fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia local.

Resaltó que el primer gran obstáculo para una justicia cotidiana "es que las personas desconocen sus derechos, y cuando los conocen, difícilmente saben cuáles son las vías para reivindicarlos.

"El siguiente eslabón es, paradójicamente, el momento en que las personas se acercan a las instituciones de justicia, los procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad y las sentencias frecuentemente incomprensibles, cuando no inejecutables", añadió el titular del CIDE.

Hizo ver que además los procedimientos tienen lugar en instituciones con capacidades limitadas, abandonadas en términos presupuestales, con una independencia frágil y sin las condiciones para pacificar y resolver problemas de personas, sino que administran formalismos y procedimientos.

"Es ahí, en esa orientación, donde sucede la tragedia de la discriminación sistemática o la perpetuación de las desigualdades sociales, en el acceso a la justicia y en sus condiciones de vida. En este contexto, las posibilidades de que el Estado logre dar vigencia plena a los derechos, mejore las condiciones de vida de la población, propicie un entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico estado de derecho, simplemente se desvanecen", acusó López Ayllón.

Por lo anterior, el investigador señaló que a partir de la conciencia de que el objetivo debe ser resolver problemas concretos, "esta vez empezamos por identificar los problemas de las personas y hemos formulado recomendaciones que pretenden transformar, paulatinamente, las condiciones de acceso a la justicia de la mayoría de los mexicanos.

"Conforme a este enfoque, sabemos que no hay respuestas perfectas, sino medidas graduales que tienen que ser identificadas y modificadas periódicamente".

López Ayllón resaltó la importancia de corregir las injusticias palpables sin tener que esperar al diseño institucional perfecto.

"Le proponemos al Presidente de la República que convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe los resultados encaminados a esos objetivos", agregó.

El especialista explicó que el documento cuenta con 217 propuestas que constituyen más un programa de acción de largo aliento que puede servir de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia.

Indicó que se identificaron cuatro temas prioritarios: la creación de centros de asistencia jurídica temprana, que podrían evolucionar a constituir una defensoría pública y vigorosa; regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados, revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.

Señaló que ésta es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional "y de la que depende en parte su vigencia. Es la base sin la cual los grandes problemas nacionales no podrían encontrar su solución".

Agregó que sus recomendaciones se complementan con otras acciones precisas: competencia plena del titular del Ejecutivo federal y otras seis que implican esfuerzos conjuntos de los gobiernos estatales y la Federación.

"Reformas incompletas"

Antes, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar, dijo que el principal problema de las reformas estructurales es que "no están completas" y les falta la pieza fundamental: "Hacer realidad lo que llamamos justicia cotidiana.

"Debemos entender a las propuestas como un conjunto armónico y no como un abanico de iniciativas aisladas. Lo que México necesita es una verdadera política de Estado, integral, coherente, para sortear una profunda crisis de injusticia social, una crisis que es real, estructural y general", manifestó.

Señaló que éste tema es tan complejo y variado en los diferentes contextos en los que viven los mexicanos, "que solo mediante una política integral será posible superar la situación en la que nos encontramos".

El investigador consideró que "los derechos no pueden seguir siendo promesas ni fórmulas retóricas, y para convertirse en realidad, dependen de decisiones y acciones políticas concretas".

“Ruta correcta en economía”

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer que en materia económica "estamos caminando en la ruta correcta" y enfatizó que "el dinamismo de la economía está siendo mayor".

Durante una reunión privada con los integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (Antad), encabezados por su presidente, Vicente Yáñez Solloa, el mandatario expresó: "Somos un gobierno que estamos actuando con gran responsabilidad, cuidando lo más valioso que como sociedad hemos construido, que es precisamente afianzar nuestras variables de fortaleza de nuestra macroeconomía".

A través de un comunicado, la Presidencia de la República informó que el jefe del Ejecutivo señaló que el mayor dinamismo de la economía se demuestra en el repunte de las ventas que registran los comerciantes de la Antad, de 5.7 por ciento a tasa anual, así como los seis meses consecutivos en cifras positivas en ese rubro.

Peña destacó también el reporte de ayer del INEGI en el que se informa una baja en la tasa de desocupación en marzo pasado, al ubicarse en 3.9 por ciento, que contrasta con 4.8% del mismo mes, pero de 2014.



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