BC no pretendió contradecir con la reforma educativa: 'Kiko' Vega

El gobernador de Baja California no ha sido notificado de la controversia interpuesta por la SEP; diputados se preparan para responder a la SCJN
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid
(Gabriela Martínez)

Tijuana

La armonización de la ley educativa que hizo el gobierno de Baja California en coordinación con el Poder Legislativo “en ningún momento pretendió rebasar ni contradecir las atribuciones conferidas por el máximo ordenamiento”, afirmó el Poder Ejecutivo encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid.

De esta forma respondió a la controversia que interpuso el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente del estado, que, afirmó en un comunicado, no se le había notificado hasta la tarde de este viernes. 

En esto coincidió con el presidente de la XXI Legislatura, René Mendívil Acosta, del PRI, quien dijo esperar los términos de la controversia para responder lo que corresponda.

Las dos instancias mencionaron que sólo conocían la información publicada por medios de comunicación y por un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Hay que recordar que el Congreso de Baja California cumplió en el término establecido para homologar nuestra legislación local en materia educativa con la federal, se reformaron tres leyes y se creó una nueva”, mencionó Mendívil.

“Responsablemente esperaremos a ser notificados para atender puntualmente lo que en estricto derecho corresponda”, agregó.

En entrevista aparte, el diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides, informó que el departamento Jurídico del Congreso bajacaliforniano analiza los términos en que se aprobó la reforma educativa en el estado.

“Según nosotros atendimos plenamente lo que viene en la federal, a nivel de ley; si nosotros vemos que es algo verdaderamente que a nosotros se nos haya pasado o se haya omitido y que es grave, pues vamos a tener que atender el conflicto de la controversia”, dijo.

Cardona Benavides informó que en la ley aprobada por el Congreso de Baja California participaron el sindicato magisterial y el Comité de Participación Social, y con su respaldo se incluyó un diferendo respecto a la propuesta federal relacionado con el cobro de cuotas escolares.

La reforma federal proponía reglamentar las cuotas voluntarias, pero desde el sexenio pasado en Baja California se eliminaron las cuotas escolares y se garantizaría la educación gratuita. De ahí salió el programa de mantenimiento a escuelas denominado Beca Progreso

“Nosotros veíamos que si atendíamos ese mandato constitucional federal para establecer en nuestra Constitución reglamentar cuotas voluntarias escolares, lo único que se iba a generar es confusión, y de alguna manera iba a haber alguna contradicción estatal porque por un lado decíamos que iba a haber una Beca Progreso para garantiza que no se pidan cuotas a las personas para inscribir a sus hijos y por otro lado, que van a existir cuotas que se van a reglamentar”, apuntó.

La controversia constitucional contra Baja California fue presentada por el gobierno federal junto con un recurso contra Zacatecas y se agrega a las que presentó el pasado 15 de abril contra Michoacán, Chiapas, Sonora y Oaxaca, este último por omisión de legislar en materia educativa acorde a la constitución y las otras por aprobar leyes que no armonizan con la reforma educativas.