Avalan ley sobre ‘topes’ de salarios de funcionarios capitalinos

La ALDF aprobó la Ley de Remuneración de Servidores Públicos del Distrito Federal que indica que ningún funcionario podrá tener un sueldo igual o mayor que su superior jerárquico.

Ciudad de México

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) avaló expedir la Ley de Remuneración de Servidores Públicos del Distrito Federal, la cual establece “topes” para que ningún funcionario perciba un salario mayor al del jefe de gobierno.

Según dicha ley, ningún funcionario podrá tener un sueldo igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea por el desempeño de varios empleos públicos y la remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivadas de una labor técnica calificada o especializada.

La legislación aplicará también para los titulares de órganos autónomos como la Universidad Autónoma de la ciudad de México, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Además incluye al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y al Tribunal Electoral capitalino.

Añade que los servidores públicos que a la entrada en vigor de la presente ley tengan una remuneración salarial igual o mayor a la del jefe de gobierno, seguirán percibiendo la misma remuneración hasta que termine su mandato o encargo.

En entrevista, el diputado Víctor Hugo Lobo, indicó que el Congreso de la Unión aprobó el 28 de abril de 2009, reformas al Artículo 127 constitucional para establecer la Ley de Salarios Máximos, que cancela la posibilidad de recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República.

Dichas reformas también precisan que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar sus legislaciones en un plazo de 180 días naturales, siguientes a su entrada en vigor.

El autor de la iniciativa destacó que la puesta en marcha de la citada ley es “un parteaguas” porque establece mecanismos que impiden excesos, eludiendo la aplicación de la justicia distributiva, la austeridad e invalidan los controles efectivos del gasto.

“La ley fija topes a las percepciones de los servidores públicos y cancela la posibilidad de que ninguno pueda recibir una remuneración mayor a la establecida para el jefe de gobierno del Distrito Federal como referente por el alto encargo de sus obligaciones financieras, legales, sociales y políticas”, expresó.