Se amparan sin éxito empresarios involucrados en obras ‘simuladas’

Tres socios y representantes de la compañía implicada en ofrecer el servicio al municipio de San Nicolás, solicitaron protección de la justicia federal.
Según algunos portales este es el domicilio de la empresa.
Según algunos portales este es el domicilio de la empresa. (Especial)

San Nicolás de los Garza

Socios de la empresa Arte y Arquitectura San Pedro, la misma involucrada en obras supuestamente simuladas por las que se generó la denuncia penal contra el director de la Red Estatal de Caminos, solicitaron amparos sin éxito contra órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación, detención y arraigo.

En forma coincidente con el caso denunciado por el Gobierno del Estado por cobrar una obra de recarpeteo ya realizada en la colonia El Roble por el municipio de San Nicolás, pero simulada por ex funcionarios estatales, tres socios y representantes de la compañía implicada en ofrecer el servicio al ayuntamiento, solicitaron protección de la justicia federal.

Desde enero del año en curso, la primera en emprender el juicio de amparo número 27/2016 fue Laura Idalia Alvarado Moreno, quien el 3 de febrero de 2012 adquirió la mitad de las acciones del capital de la compañía y aún aparece como representante de la firma en el stock de proveedores del municipio nicolaita.

Sin embargo, el pasado el 30 de marzo de 2016 el juez sexto de lo Penal de Nuevo León negó la suspensión definitiva de los actos que impugnó consistentes en las órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación, detención y arraigo, dictadas en su contra, y su ejecución.

Se desconoce si las solicitudes de amparo de los socios de la compañía están relacionadas con la denuncia presentada por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón contra ex funcionarios del gobierno de Rodrigo Medina.

La denuncia corresponde a una obra presuntamente simulada en la calle 18 de Diciembre de la colonia El Roble, en San Nicolás, pagada por la Red Estatal de Caminos, pero que ya había sido ejecutada por Obras Públicas del municipio el 23 de marzo de 2012.

Tampoco se explica la relación de la socia Alvarado Moreno, con la titular de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, información que incluye el trámite de amparo.

La firma fue fundada el 5 de febrero de 2010 por Raúl José Díaz Gómez, Brenda Marcela Rodríguez Cantú e Isaura López de León, que luego cedieron sus acciones a Laura Idalia y Edgar Javier de Hoyos Chávez, firma representada también por Fernando de Jesús Arellano Moreno y Francisco Medina Ayala.

Por su parte, Díaz Gómez aparece en registros de la lista de acuerdos de solicitudes de amparos disponibles en internet donde obtiene la suspensión provisional por parte del juez Sexto de Distrito en materia Penal de Monterrey, contra acciones de la delegación en Nuevo León de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, el 20 de enero del año en curso, la autoridad federal le niega al socio fundador la suspensión definitiva para protegerlo sobre una presunta clasificación o reserva de información.

Otro de los que siguieron sus pasos al solicitar la protección de la justicia federal es Edgar Javier de Hoyos Chávez a través del juicio 26/2016.

Pero el escenario también se replicó de igual forma cuando el 26 de febrero de 2016, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal le negó la suspensión definitiva.

Según las escrituras públicas, la firma aparece con domicilio en Gran Parque 115, colonia Cumbres segundo sector, y en portales de empresas aparece su domicilio en la calle Ciudad Alicante 5501, colonia Hacienda Santa Clara, en una vivienda de dos pisos, sin rótulos que la identifiquen como una empresa.