Aprueban ley de la fiscalía general; se turna al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que establece la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la República (FGR).
Aprueban diputados en lo general y en lo particular la Ley de la Fiscalía General de la República.
Aprueban diputados en lo general y en lo particular la Ley de la Fiscalía General de la República. (Especial )

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual sustituirá a la Procuraduría General de la República, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

De acuerdo con el documento aprobado, el primer objetivo de la ley es el relativo a la principal función del Ministerio Público de la Federación, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, función que se fortalece al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República,  ya que para ejercer dicha función investigadora de manera más eficiente no debe estar subordinada a otro poder u órgano.

En concreto, el Ministerio Público debe ser un órgano técnico de investigación y persecución de delitos cuya actuación debe sujetarse al estricto apego a la ley.

El segundo objetivo busca robustecer el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal, procesal y las que sean de su competencia de conformidad con el orden jurídico mexicano.

Por último, intenta consolidar la función del Ministerio Público de la Federación al dejar de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de delitos a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a sus derechos humanos y en general hacer cumplir la ley, lo que contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de Derecho.