Aplicarán pruebas sicológicas a padres que disputan a sus hijos

Esta regulación consiste en la protección preferencial a favor del menor, al considerarse un interés jurídico relevante.
El pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen con 354 votos a favor y 36 en contra.
La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. (Mónica González)

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas y adiciones al Código Civil Federal y al Código Federal de Procedimientos Civiles para aplicar pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar a los padres de familia que, en su caso, disputen la guarda y custodia de sus hijos.

“En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de los padres, mientras el otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial”, establece el dictamen.

Cuando exista desacuerdo respecto a la guarda y custodia, el juez de la materia resolverá lo conducente oyendo a los menores y al Ministerio Público, y con base en el resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicárseles a ambos en materia de trabajo social y de psicología familiar, así como cualquiera otra probanza que le alleguen las partes y las que estime pertinente para resolver lo más favorable a los menores.

La iniciativa originalmente presentada por la legisladora panista Karina Labastida fue aprobada por el pleno camaral con 427 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

En las consideraciones del proyecto se señala que la regulación del interés superior del menor es reconocida en los conflictos familiares donde se dirimen controversias respecto a ellos y sus derechos como integrantes de la familia.

“Esta regulación consiste en la protección preferencial a favor del menor, al considerarse un interés jurídico relevante, que implica un deber a cargo del Estado y de los particulares incluyendo a los padres, quienes están en la obligación de salvaguardar el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos”, advierte.

La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.