Aprueban en comisiones ley de delitos electorales

La legislación forma parte de las leyes secundaria de la reforma político-electoral y se prevé que sea abordado durante el primer día del periodo extraordinario, el próximo miércoles 14 de mayo.
La ley establece penas hasta más de 20 años de prisión, a quien utilice dinero ilícito en campañas políticas.
La ley establece penas hasta más de 20 años de prisión, a quien utilice dinero ilícito en campañas políticas. (Especial)

Ciudad de México

La Comisión de Gobernación aprobó en sus términos, con 21 votos a favor y uno en contra, la minuta del Senado que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel a quien lave dinero, condicione el voto, coarte o coopte al electorado o pretenda manipular elecciones a su favor.

El documento forma parte de la legislación secundaria de la reforma político-electoral y se prevé que sea abordado durante el primer día del periodo extraordinario, programado para el próximo miércoles 14 de mayo.

El dictamen establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación y los estados y tiene como finalidad proteger el desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular.

Indica que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que realice, destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos.

Esta pena aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral. Las personas que no sean funcionarios públicos o pertenezcan a un partido, serán sancionados con una pena de prisión de tres a seis meses y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente, cuando participen en la votación de manera activa sin cumplir con los requisitos de ley.

Asimismo cuando lleve a cabo proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral; obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales, entre otros aspectos.

Sobre los funcionarios electorales que hagan uso ilícito del registro federal electoral, del padrón electoral o de la lista de electores, se les impondrá una sanción de hasta doscientos días de multa y prisión de dos a seis años.

Acerca de la Consulta Popular, impone una sanción de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, para quien durante este ejercicio, realice proselitismo o presione a los electores.

Contempla también sanciones de hasta con 12 años de prisión al servidor público que condicione programas sociales para favorecer a un candidato

El presidente de la comisión, Alejandro Moreno, indicó que la minuta aprobada será turnada a la Mesa Directiva para que sea programada su discusión en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.