Aprueba Congreso Ley de Prevención del Delito

Se entregaron facultades al secretario de Seguridad Pública para que sea quien coordine el Sistema Estatal de Prevención del Delito.

Monterrey

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó este miércoles la Ley de Prevención de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado, con la cual se pretenden establecer bases en materia de coordinación para evitar la violencia.

En la ley, se otorgan facultades al secretario de Seguridad Pública para que sea quien coordine el Sistema Estatal de Prevención del Delito.

Según lo expuesto en el dictamen, se establece que la prevención de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se realizarán mediante programas integrales de desarrollo social, cultural y económico.

Se plantea a su vez la promoción de actividades que eliminen la marginación, la exclusión y el fomento de la solución pacífica de conflictos.

En el capítulo segundo de la ley, se expone como obligación del secretario de Seguridad Pública que haya una política preventiva en el Estado, la cual se tendrá que ejercer bajo una coordinación y comunicación entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Como parte de las tareas del Sistema Estatal de Prevención se refiere que se deberán convocar a reuniones periódicas, proponer programas de prevención, desarrollar planes de acción, así como la promoción y cooperación de ayuntamientos.

Dentro de la ley de 71 artículos, se establece la creación del Consejo Estatal de prevención de delito, el cual marcará los lineamientos y acuerdos establecidos a nivel nacional en la materia, y este según los transitorios quedarán establecidos 90 días después de entrar en vigor el decreto.

Propone sancionar moches

El legislador independiente, Jorge Blanco Durán, presentó una propuesta para sancionar a los servidores públicos que acepten "moches".

Según la propuesta que contempla una reforma al artículo 216 bis del Código Penal, se establece que se castigue a los funcionarios que condicionen a otros, o a presidentes municipales, por tramites y entrega de recursos públicos a cambio de obtener un porcentaje económico o intereses personales o familiares.

"En los últimos años, algunos servidores públicos han logrado obtener beneficios ya que se aprovechan de la buena fe o necesidad de la mayoría de las personas a quienes solicitan dinero en efectivo o en depósitos, cheques, inmuebles, terrenos campestres a cambio de obtener permisos de uso de suelo, anuencias de alcoholes, permisos de gasolineras, permisos para fraccionamientos, entre otros, lo que afecta la confianza de inversionistas", mencionó al presentar la propuesta.

Se propone a su vez que haya penas que aumenten cuando la conducta ilícita sea cometida por legisladores locales y en este caso se le impondría inhabilitación para desempeñar su cargo.