La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 17 votos a favor y cuatro en contra el proyecto de Ley Federal de Consulta Popular con los cambios introducidos por el Senado de la República para que la Suprema Corte de Justicia defina, en cualquier caso, la constitucionalidad de las consultas.
El dictamen fue turnado esta misma noche a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con la intención de que sea sometido a discusión y votación en el pleno durante la sesión ordinaria de mañana jueves.
Los votos contra la minuta senatorial fueron de los diputados perredistas José Ángel Ávila y Lizbeth Rosas, así como de Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, y Manuel Huerta, del PT, quienes argumentaron atropellos al proceso legislativo y una votación "al vapor".
Priistas y panistas, así como una mayoría de los legisladores perredistas, justificaron el apresuramiento para expedir la nueva legislación y darle a los ciudadanos el derecho a la consulta pública a partir de 2015.
El dictamen establece que no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones a los derechos humanos, los principios de República representativa, democrática, laica y federal, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, ni la organización y disciplina de las fuerzas armadas.
Podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el equivalente a dos terceras partes de la Cámara de Diputados o el Senado de la República, o un número de ciudadanos equivalente a por lo menos 2 por ciento del listado nominal de electores.
La Suprema Corte de Justicia resolverá sobre la constitucionalidad de las propuestas de consulta popular y sus resoluciones al respecto serán definitivas e inatacables.
