Aprueba Senado Código Nacional de Procedimientos Penales

Fue avalado por unanimidad al considerar todas las bancadas que es una reforma histórica que permitirá armonizar los criterios judiciales en todo el país. 
Aspecto del Senado durante la sesión ordinaria.
(Milenio/Archivo)

Ciudad de México

Por unanimidad, y con aplausos del pleno, el Senado aprobó con 104 votos el Código Nacional de Procedimientos Penales en lo general, al considerar todas las bancadas que es una reforma histórica pues el último ordenamiento en la materia data de hace 70 años y esta nueva norma  permitirá armonizar los criterios judiciales en todo el país.

“Éste es un Código dictaminado con sentido de responsabilidad, sin la mezquindad del intento por imponer el interés propio sobre el bienestar público, con altura de miras, con la generosidad de quien se preocupa más por la sustancia que por el protagonismo, definido por la gentil tolerancia de sabernos y reconocernos diferentes pero parte de algo más grande que nosotros mismos, de algo que nos trasciende pero, sobre todo, de algo que nos une”, resaltó en tribuna el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil.

En tanto, la priista y autora de uno de los proyectos, Arely Gómez, hizo notar que en esta dictaminación participaron las organizaciones de la sociedad civil y es resultado de un año de trabajos, por lo que hoy se entregan los principios del proceso  penal bajo un esquema del debido proceso y derechos humanos.

“Se nos presenta una oportunidad histórica de aprobar un ordenamiento legal único que se aplicara en todo el territorio nacional. Armonizara los criterios judiciales. Hoy tenemos la ocasión de dar a nuestra nación, la acción del Estado cuando se comete un delito”, subrayó.

Al discutirse en lo particular, la senadora de Movimiento Ciudadano propuso cambios a la limitación que tendría la autoridad para mostrar a los presuntos culpables ante medios informativos, al plantear que esto quede a criterio de los jueces.

La propuesta fue aceptada e incorporada a la minuta que se enviará a la Cámara de Diputados.

El código prevé, entre otros cambios, prohibir la exposición en medios de comunicación de personas consideradas como imputadas, que las retenciones o detenciones que realice el Ministerio Público estén sujetas control judicial, habrá medidas alternativas de solución de controversias y, en todo momento, el inculpado podrá aportar pruebas a la autoridad para su defensa.

El nuevo ordenamiento permitirá la uniformidad del mecanismo para hacer justicia en México, tomando como base las mejores experiencias y prácticas estatales en el modelo acusatorio.

La persona que haya sido víctima de un delito, en todo momento de la investigación y del proceso penal podrá aportar a la autoridad elementos de prueba y ser asistido por un asesor jurídico, en forma gratuita.

Se da prioridad a la reparación del daño de la víctima u ofendido por un delito, esto es, se privilegia la justicia restaurativa, que implica favorecer la reparación del daño, por encima de la cuestión punitiva.

Contiene reglas para hacer más ágil y transparente la investigación ministerial y los procesos penales.

Por ejemplo, cuando el Ministerio Público requiera la presencia de una persona contra la cual exista una denuncia, el funcionario estará obligado a mostrarle la carpeta de investigación.

Establece medidas alternativas de solución de controversias, a efecto de resolver el conflicto que derive de la conducta punitiva y, con ello, evitar juicios largos.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones y se subió al pleno cuando estaba a punto de concluir la sesión este miércoles por la madrugada, para quedar en primera lectura y votarlo hoy ante el pleno.

En el dictamen se afirma que “esta reforma, busca establecer un sistema de igualdad entre las partes y respetuoso de una vigencia plena de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales suscritos por nuestro país en favor de toda persona”.

El dictamen de Código consta de 489 artículos, distribuidos en dos libros. El Primer Libro, contiene 6 Títulos y el  Segundo Libro, 13 Títulos.

Permitirá armonizar en todo el país los criterios judiciales, favorece la protección al respeto de los derechos humanos al establecer en un solo documento las disposiciones del proceso penal.