Aplaza Corte sentencias contra reforma educativa

En marzo, diversos jueces negaron la protección a los maestros que impugnaron las leyes secundarias, pues consideraron que no violan los derechos adquiridos por los profesores.

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el aplazamiento de los juicios de amparo que promovieron maestros y que impugnan las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente, en tanto este alto tribunal resuelve sobre la constitucionalidad de las normas.

El ministro presidente, Juan Silva Meza, emitió un acuerdo en el que se ordena a los tribunales colegiados a remitir los asuntos al máximo tribunal de justicia para su estudio.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se promovieron 6 mil 661 demandas de amparo contra los decretos señalados.

Asimismo, se encuentran radicados en el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región (36); en el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región (39), y en el Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región (37), un total de 112 amparos en revisión.

En marzo pasado, diversos jueces federales negaron amparos a los maestros que impugnaron las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, pues consideraron que no violan los derechos adquiridos por los profesores.

En las sentencias se menciona que ni la Ley General de Servicio Profesional Docente, Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no vulneran los derechos del sector magisterial contemplados en la Carta Magna y en tratados internacionales

El juez sexto de distrito del centro auxiliar de la segunda región con residencia en Cholula, Puebla, dejó en claro que las leyes tampoco excluyen los derechos laborales de los maestros en los cargos que desempeñan o en sus contratos ni en sus prerrogativas como sueldo, aguinaldo, vacaciones, entre otras.

Enfatizó en que las evaluaciones obligatorias no violan los derechos humanos de los quejosos, ya que el Congreso de la Unión estableció un mecanismo razonable para lograr, en la medida de la posible, la permanencia en las funciones docentes.

El juzgador también subrayó que por lo que hace a la carrera magisterial ni la Constitución ni los tratados internacionales establecen "que por el simple deseo de querer trabajar en un lugar se adquiere el derecho humano de ingresar a él", o por haber realizado algunos estudios o ser seleccionado por alguna asociación sindical o mediante la "venta" o "herencia" de plazas.

Las leyes secundarias, abundó, protegen la estabilidad en el empleo, porque prevén la existencia de nombramientos definitivos, según disponen las leyes laborales.

El juez detalló que ni una de las normas sustrae a los profesores del régimen laboral para convertirlos en sujetos de derecho administrativo, ya que el artículo tercero, fracción tercera, de la Constitución federal dispuso que las leyes ordinarias fijarían los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional "con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación".

Ahora el asunto tocará resolverlo a la Corte, después de que los integrantes del magisterio impugnaron los fallos en contra.

Controversias

-El 15 de abril, la Presidencia de la República anunció que se interpusieron controversias constitucionales contra los gobiernos de Michoacán, Chiapas y Sonora por no respetar la reforma educativa del gobierno federal.

-Para el 1 de mayo, el Ejecutivo federal anunció que estableció dos nuevos recursos contra Zacatecas y Baja California por haber incumplido los criterios de armonización legislativa de la reforma.

-Aunque Oaxaca entró en el primer paquete de controversias, mereció una mención especial porque ni siquiera inició el proceso de modificación de la ley en aquella entidad.