Amenaza la IP con declarar en ceros; solicita un amparo

La Coparmex se queja ante juez de la “omisión” gubernamental por los bloqueos de la CNTE; en Chiapas hay pérdidas por 650 millones de pesos.
Los integrantes del sector patronal acudieron a los tribunales del Poder Judicial.
Los integrantes del sector patronal acudieron a los tribunales del Poder Judicial. (Javier Ríos)

Ciudad de México y Chiapas

Empresarios aglutinados en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) amagaron con presentar en ceros sus declaraciones de impuestos debido a las pérdidas millonarias ocasionadas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la imposibilidad del gobierno de restablecer el orden.

Además dejaron abierta la posibilidad de realizar paros de labores a partir del próximo día 17.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial por los actos u omisiones de los tres órdenes de gobierno, incluidos el Ejecutivo federal, ante las acciones violentas del magisterio disidente.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco, acusó que en los meses que han durado las manifestaciones, las empresas se vieron imposibilitadas para realizar sus actividades, por lo que demandó al gobierno que se les exenten el impuesto de nómina, el ISR, IMSS e Infonavit.

Incluso pidió que cuando se restablezca el orden en los estados afectados se den ayudas económicas a fondo perdido a los empresarios afectados.

“Trabajadores, empresas y sociedad hemos sido excesivamente tolerantes con los tres órdenes de gobierno, que han permitido la impunidad, la violencia y la percepción de que en México cualquiera puede violar la ley sin recibir castigo. Esta situación de ingobernabilidad lamentablemente está permeando ya al exterior”, indicó Solana al dar lectura a un pronunciamiento de los afectados.

Solana Sentíes señaló a Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y Guerrero como las entidades que reportan los daños más serios a las actividades productivas.

Adelantó que están elaborando un listado de empresas y daños, los cuales, en días pasados, ascendían a 7 mil 500 millones de pesos; dijo que también la Guelaguetza, en Oaxaca, fue boicoteada y las reservaciones en Chiapas cayeron hasta 80 por ciento.

Por separado, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, puntualizó que en la demanda que interpusieron señalan como responsables al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez; a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, y a los congresos de estas entidades.

“El sector patronal presentó una demanda (…) por los actos y las omisiones de la autoridad federal, de las estatales y municipales que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos, reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales, de cara a las acciones violentas que ya a lo largo de once semanas ha protagonizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, señaló a su salida de los tribunales.

Acompañado por los presidentes de los centros empresariales de las entidades que han reportado mayores afectaciones, De Hoyos dijo que el recurso interpuesto obedece a que ya son 82 días de actos contra ley por parte de integrantes de la coordinadora, “ante la evidente falta de capacidad del Estado para restablecer el orden”.

Manifestó que los daños causados por la disidencia magisterial ya son incuantificables y podrían ocasionar, según algunos analistas, una pérdida de hasta 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, consideró que “es inadmisible” la capacidad del Estado de hacer valer la ley y restablecer la paz, pues hasta hoy no hay una respuesta concreta para solucionar el conflicto.

Por los bloqueos carreteros de la CNTE, acusó, muchas empresas ya carecen de insumos, ya que los proveedores no pueden llevarlos a sus destinos, a tal punto de esta situación puede contribuir a la desaceleración de la actividad económica.

“Que se actúe para restablecer la paz, (que) se respeten las garantías individuales de libre tránsito, y el derecho al trabajo, la educación y la libertad económica”, exigió, al sostener que la sociedad espera una respuesta puntual e inmediata de los tres niveles de gobierno.

De Hoyos Walther indicó que las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE deben ir más allá de decisiones unilaterales y violatorias de la ley, como lo es el pago de salarios a comisionados que no trabajan o la reinstalación de profesores que no cumplen con la evaluación contemplada en la reforma educativa.

CRISIS FINANCIERA

Por separado, organismos empresariales de Chiapas, donde hay una reducción de hasta 50 por ciento en la planta laboral, se declararon en paro técnico como medida urgente ante la crisis financiera y la reducción en las ventas; en la entidad las pérdidas económicas por los bloqueos del magisterio ascienden a 650 millones de pesos.

Más de una veintena de empresarios urgieron al gobierno federal y estatal a implementar estrategias para reactivar la economía y sufragar los pagos de adeudos que el gobierno de Manuel Velasco Coello mantiene desde que el inicio de su administración, así como la solución a los conflictos sociales que desde hace tres años se han acentuado en puntos estratégicos del sector turístico.

David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, señaló que a partir de esta semana más de un centenar de empresas locales iniciarán un paro técnico por común acuerdo entre patrones y trabajadores, ante la falta de capacidad financiera para pagar los salarios.

En un pronunciamiento conjunto, los empresarios manifestaron que los bloqueos carreteros han impactado drásticamente en sus ingresos, por lo que exigieron “enérgicamente” al Ejecutivo federal “que gire instrucciones a los secretarios de Gobernación y Educación para que de manera urgente asuman su responsabilidad y tomen acciones concretas, con resultados positivos”.

Señalaron que el estado registra un decrecimiento económico de 16 por ciento, el cual se ha disparado en los últimos dos meses, cuando estalló el conflicto magisterial.