Alistan votación del dictamen para regular marchas en el DF

La normatividad prevé disolución de manifestaciones violentas y arrestos administrativos.
La iniciativa es impulsada por el panista Jorge Sotomayor.
La iniciativa es impulsada por el panista Jorge Sotomayor. (Javier García)

Ciudad de México

La comisiones unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se declararon listas para votar mañana mismo el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, que entre otros aspectos prevé la disolución de marchas violentas, así como arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus centros de trabajo.

El documento en poder de MILENIO establece la obligación de los manifestantes de notificar a la autoridad la ruta de sus movilizaciones con 48 horas de anticipación, además de prever un horario entre las once de la mañana y las seis de la tarde para la realización de manifestaciones públicas.

El legislador panista Jorge Sotomayor, principal promotor de la iniciativa en el Palacio de San Lázaro, negó categóricamente cualquier intención de criminalizar la protesta social o inhibir el derecho a la manifestación de exigencias ciudadanas.

En entrevista con este diario, justificó, sin embargo, la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de manifestantes, pero también de terceros.

“Violatorio sería decir que solo los manifestantes tienen cabida en esta ciudad, violatorio sería no garantizar las manifestaciones; esta iniciativa lo que busca es garantizar que el manifestante se manifieste y sea oído, y garantizar que el transeúnte pueda transitar por esta ciudad; los derechos de manifestantes y de terceros deben estar perfectamente consagrados en la legislación de esta ciudad”, puntualizó.

Consultado el respecto, el legislador perredista Víctor Reymundo Nájera alertó sobre el intento de inhibir las expresiones de inconformidad social y anular en los hechos las garantías constitucionales.

El responsable de la agenda en materia de derechos humanos por parte de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados denunció, incluso, la infiltración de provocadores del gobierno federal en las marchas.

“Lo que sí no debemos permitir por ningún motivo es que las movilizaciones que tienen como fundamento general una demanda no escuchada se criminalicen o se penalicen, porque generalmente el propio Estado incrusta en estas movilizaciones gente que no está ligada al movimiento y finalmente son quienes ocasionan daños a terceros y no por ello vamos a criminalizar”, acusó Nájera.

Otros legisladores perredistas como Carlos Reyes Gámiz y Aleida Alavez, así como Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, cuestionaron el carácter injerencista de la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, además de advertir sobre la tentación de resolver con la fuerza pública el descontento social.

“En lugar de atender los problemas sociales y abrir vías de diálogo y de construcción del consenso social, se está legislando para amedrentar y perseguir. En ese contexto se inscribe la reforma penal en materia de terrorismo y el proyecto fascista para regular y castigar las manifestaciones públicas en la capital del país”, arengó Mejía.

El proyecto de dictamen distribuido ya entre los diputados integrantes de las comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos reconoce el derecho a la manifestación pública, pero prohíbe expresamente “emplear violencia contra las personas y sus bienes, intimidar u amenazar a la autoridad, así como bloquear las vías primarias, pudiendo en dicho caso la autoridad disolver la manifestación”.

Adicionalmente, subraya el articulado, “en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, quedará prohibido a los manifestantes toda propaganda en favor de la guerra en el país y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Prevé igualmente la obligación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para capacitar en materia de derechos humanos a los elementos policiacos encargados de aplicar la ley y los reglamentos en materia de manifestaciones públicas en la ciudad capital.

 Claves

Las encuestas

 - Consulta Mitofsky reportó en su encuesta de octubre de 2013 que solo 18 por ciento de los capitalinos está de acuerdo en permitir las marchas sin restricción alguna, mientras 77 por ciento se pronunció por “algo distinto”.

- La empresa Parametría registró a su vez en el mismo periodo que 65 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México respaldan el derecho a la libre manifestación, pero con reglas, mientras 34 por ciento se pronunció por prohibirlas..

- El dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal prevé que el gobierno capitalino emita el reglamento correspondiente en un plazo máximo de 90 días posteriores a la publicación del nuevo ordenamiento.