Alcaldes de Oaxaca e IP lanzan un ‘ya basta’

Coparmex, Canirac y 18 organismos empresariales más exigen aplicar la ley y restablecer la paz en la entidad; piden al gobierno federal declarar al estado “zona de desastre económico”.
Los dirigentes empresariales solicitaron también sancionar a quienes hayan cometido abusos policiales.
Los dirigentes empresariales solicitaron también sancionar a quienes hayan cometido abusos policiales. (Arturo Pérez/Cuartoscuro)

Oaxaca

Autoridades municipales y empresarios de Oaxaca lanzaron un ya basta a la situación de violencia y caos en la entidad por las protestas magisteriales y los enfrentamientos con las fuerzas policiacas, y exigieron que el conflicto se resuelva de manera pacífica y se restablezcan la paz, el orden público y el estado de derecho en el estado.

La iniciativa privada incluso demandó aplicar la ley para retirar los bloqueos y despejar las carreteras que están tomadas por grupos de inconformes.

En conferencia de prensa, dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de 19 cámaras empresariales más, entre ellas la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca (AEHyM) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), lanzaron una llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que se declare al estado “zona de desastre económico”.

Los empresarios señalaron que las condiciones en Oaxaca son las de un estado de excepción por la falta de condiciones de orden y por la situación de la economía local, “gravemente afectada y lastimada por los bloqueos carreteros” que se reportan en la zona de la Mixteca y la región del Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, también demandaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigue y revise los abusos policiales que se han cometido contra docentes y activistas, y que haya justicia.

“Pedimos que haya una investigación a fondo, apegada a derecho, con el fin de deslindar las responsabilidades necesarias y se sancione y castigue a quienes cometieron abusos y excesos de fuerza”.

A los maestros de la sección 22 del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) les pidieron que se deslinden de los actos vandálicos y se replieguen para que se terminen las acciones violentas y se instale el diálogo con las autoridades.

Los integrantes de la IP dijeron que les preocupa la violencia y los saqueos que se están registrando a raíz del conflicto, por lo que demandaron la aplicación del estado de derecho y castigo a los grupos de la delincuencia y vándalos que están aprovechando la situación para cometer actos delictivos, con el fin de que se restablezcan las condiciones de seguridad.

A los actores políticos que no son de Oaxaca, los empresarios les recomendaron abstenerse de emitir comentarios o posicionamientos “que no abonan a la paz y a la solución de este problema”.

Dejaron claro que no están contra los maestros y afirmaron que se debe trabajar para que se tenga un modelo educativo adecuado, por lo que solicitaron a los gobiernos federal y estatal actuar de acuerdo a lo que la ley indica para que no se tengan afectaciones.

Aceptaron que la fiesta de la Guelaguetza les preocupa no solo a ellos, sino a la sociedad en general, por lo que confiaron en que se logren soluciones rápidas para beneficios de todo Oaxaca.

“Si estos grupos siguen accionado hasta dañar los festejos de la Guelaguetza se asestará un golpe mortal, un tiro de gracia a la economía, que no se podrá superar en muchos años”.

Mientras tanto, autoridades municipales de la región mixteca de Oaxaca pidieron a los maestros de la sección 22 modificar sus “métodos de lucha”, pues aseguraron que los bloqueos instalados por el movimiento magisterial han afectado a las comunidades indígenas de esa zona.

Alcaldes, síndicos y regidores de 32 municipios suscribieron una carta que una comisión acudió a entregar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a Nochixtlán.

Luz Irene Montes, presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, explicó que aunque apoyan al movimiento disidente en el estado, sus manifestaciones “no ayudan al crecimiento y desarrollo de todos estos pueblos”.

Explicó que han tenido afectaciones principalmente en el comercio y abasto de víveres, pues los vehículos no han llegado a sus comunidades, y en materia de salud, ya que en muchas localidades no cuentan con hospitales y servicios necesarios, por lo que tienen que trasladarse a las cabeceras distritales para recibir atención, “pero por los bloqueos no podemos acceder”.

“Sabemos que hay ya un hartazgo de esos métodos; por eso hemos llegado aquí con ellos. No estamos contra los profesores, sino contra las formas que han usado, (porque) no ayudan al crecimiento y desarrollo de los pueblos y del estado, de por sí con una economía tan difícil”, enfatizó la alcaldesa.

“Estamos ciertos que la lucha por la justicia social no implica violencia ni paralizar y dañar a los transeúntes, a los campesinos, a los estudiantes. Los métodos que han utilizado no los compartimos porque ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos”, añadió Montes.

Sin embargo, la presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán descartó en entrevista que fueran organizaciones radicales o guerrilleras las que se enfrentaron con fuerzas federales y estatales el domingo pasado en el punto carretero que ingresa a Nochixtlán.

“No hay un movimiento de guerrilla aquí en nuestra región; son profesores de diferentes comunidades indígenas que han recurrido a métodos que no compartimos ni aprobamos.

“Estamos seguros que la lucha social se puede hacer con métodos no violentos, pero también es verdad que a los docentes de Oaxaca los han provocado desde la SEP”, aseveró Montes, quien pidió el “camino de la concordia y conciliación” para resolver el conflicto magisterial.

AFECTACIONES A COMERCIOS, CINES Y BANCOS

Además de los destrozos causados a tiendas de conveniencia y otros comercios en Oaxaca, el sector productivo registra el cierre de siete tiendas Coppel, cinco de ellas destruidas en la capital y otros dos municipios.

Las pérdidas por el cierre y destrucción de estas tiendas se estima en 220 millones de pesos.

En tanto, el presidente y director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, dijo que las movilizaciones de los maestros de la CNTE han afectado la operación de la cadena de cines en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

“No hemos tenido destrucción de nuestros cines pero sí casos en los que no han podido operar porque cierran las vialidades e impiden el acceso a los centros comerciales”, dijo al término de su participación en la segunda edición del Foro Forbes Mujeres Poderosas: Liderazgo 3.0.

A su vez, Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que se han tenido que cerrar temporalmente algunas sucursales en Oaxaca como consecuencia de los recientes hechos de violencia.

Entrevistado en el segundo Foro Internacional de Inclusión Financiera, destacó que cuando hay algún disturbio, como pasa con cualquier otro negocio, los bancos deben cerrar para proteger a sus clientes.

Con información de: Miriam Ramírez, Braulio Carbajal y Redacción/México.