Organización acusa 63 ataques contra ambientalistas en 2016

Sonora, Estado de México y Oaxaca son las tres entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, con 12 casos  cada uno. 
Un grupo de ambientalistas protestan en Tajamar por afectaciones que causó un proyecto de construcción en la fauna.
Un grupo de ambientalistas protestan en Tajamar por afectaciones que causó un proyecto de construcción en la fauna. (Cuartoscuro )

Ciudad de México

En 2016, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró 63 agresiones en contra de ambientalistas, de las que 43% fueron cometidas por autoridades de distinto nivel. 

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El mayor número de agresiones se presentaron en Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos, de acuerdo con el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, presentado por el organismo.

Le siguen Colima y Campeche con 4 casos cada uno; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso.

El documento muestra que en México es un país riesgoso para quienes realizan labores de defensa de los derechos ambientales, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la información y participación.

La organización incluyó una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas suspender los proyectos en los que se presenten violaciones a los derechos humanos de sus pobladores y garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos y las comunidades indígenas.

Las agresiones más recurrentes fueron: amenazas, 24 por ciento; intimidación, 19 por ciento; criminalización, 18 por ciento y las agresiones físicas, 15 por ciento.

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Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11por ciento; la difamación,6 por ciento; la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en 2 por ciento cada uno. 

La organización reportó un un caso de homicidio en Chihuahua, vinculado con tala clandestina.

Las afectaciones más reclamadas por los defensores -sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos- están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se ve amenazada. 

"El Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones", dijo Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del Cemda.


OVM