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Martes , 23.10.2018 / 03:48 Hoy

Wallace y ex director de PGR piden salga GIEI de caso Iguala

El ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, Samuel González Ruiz, y la presidenta de Alto al Secuestro dijeron que las organizaciones que apoyan al grupo de expertos están ligadas al secretario general de

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Isabel Miranda de Wallace y el ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, Samuel González Ruiz, dijeron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) debe salir del caso Iguala porque está violando los estatutos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señalan que ningún secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede ordenar una investigación en su país de origen.

González Ruiz, ex asesor Interregional de oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, dijo que además del conflicto de interés, el GIEI está politizando el asunto porque muchas de las organizaciones que están apoyando a los expertos tienen vínculos directos con Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la CIDH.

A su vez, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, pidió la salida del grupo de expertos porque sus integrantes no son los indicados para llevar a cabo la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sino la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, por tratarse de un asunto donde está involucrado un grupo de narcotráfico.

"Indudablemente que hay un conflicto de intereses muy grande, están tratando de llevar a México y al gobierno contra la pared, cosa que nos parece sumamente delicada", dijo Wallace.

Dijo que además existe un conflicto de intereses dentro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el secretario general es un mexicano que no puede conocer de conflictos en México, "tenemos a su principal ex visitador peleando los derechos de las víctimas".

Wallace también hizo un llamado al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las demás autoridades para que dejen de estar utilizando el caso Ayotzinapa como una "bandera política", ya que ni una de las 111 personas consignadas están acusadas de desaparición forzada, sino de secuestro.

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