Ni 10 por ciento de los casos de violencia sexual contra menores de edad y jóvenes son denunciados, reportó el Frente Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Explicó que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de 2010 a 2015 fueron atendidas en los servicios de salud 317 mil 996 niñas y adolescentes víctimas de ese delito, de las cuales solo 28 mil 672 figuraron en averiguaciones previas.
Consideró que el amparo que otorgó el juez Anuar González a Diego Cruz, uno de los llamados porkys acusado de abusar sexualmente de la joven Daphne Fernández, es un claro ejemplo de todos los obstáculos que enfrentan en el país las víctimas de violencia sexual.
En particular es reflejo de lo difícil que es para las mujeres acceder a la justicia y a la reparación del daño.
Por ello solicitó a organismos como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), que intervengan en este tipo de casos para frenar la impunidad ante sentencias violatorias de derechos humanos.
A su vez, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) alertaron que con la resolución en el caso Daphne, “el mayor riesgo que se corre es la normalización en el entorno social del abuso y la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas, que es la violación de los derechos humanos más habitual y tolerada en México”.
Exigieron a las autoridades locales y federales sentar precedente para la atención, investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia sexual cometidos contra mujeres y niñas.
Además, la Conavim, la Sipinna, el Conapred y la PFPNNA manifestaron su preocupación de que la reciente resolución dictada por el juez Anuar González califique a las mujeres como víctimas de violencia sexual en función de la interpretación de supuestas intenciones.
Se corre el riesgo de imponerles cargas de las cuales se hace depender su carácter de víctimas y de presumir su consentimiento sin entender la naturaleza del caso o la vulnerabilidad en que se encuentran, alertaron.
Exigieron que los derechos de 40 millones de menores de 18 años, en particular niñas que viven en situación de vulnerabilidad, deben garantizarse.
[Dé clic sobre la imagen para ampliar]
