Piden a Federación acabar con violencia en Michoacán

Organizaciones de la sociedad civil pidieron desarticular a las bandas criminales en el estado e investigar vínculos de ex funcionarios con la delincuencia.

Ciudad de México

Diversas organizaciones sociales que conformaron México Unido por Michoacán exhortaron al gobierno federal a desarticular por completo las organizaciones criminales que extorsionan, cobran "derecho de piso", secuestran, despojan y asesinan en esa entidad.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, presentó una serie de propuestas para resolver la situación en ese estado.

Entre las principales acciones que debe llevar a cabo el gobierno federal en Michoacán, expuso, está erradicar las acciones de grupos criminales, en particular de Los Caballeros Templarios.

Además plantean detener a todos los líderes e integrantes de la las células que conforman esas organizaciones delictivas, estos es, desarticularlas.

Consideró necesario hacer una investigación sistemática y exhaustiva de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los ex gobernantes sospechoso de brindar protección a los grupos criminales, para que sean acusados penalmente y que paguen por sus crímenes.

Como un punto fundamental, subrayó, la actual administración federal debe proceder a la captura de los responsables materiales e intelectuales del asesinato del presidente municipal de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011.

También es imprescindible hacer efectiva la orden de aprehensión por el asesinato de 14 agentes federales y por delincuencia organizada contra el ex diputado Julio César Godoy Toscano.

Ortega Sánchez hizo hincapié en que se den garantías de seguridad al obispo Miguel Patiño Velázquez y otros religiosos de la diócesis de Apatzingán, quienes han denunciado los hechos de violencia que ocurren en Michoacán y a quienes se les expresó su solidaridad.

A nombre de esas organizaciones sociales dijo que el gobierno federal debe asumir la obligación de proteger a los gobernantes locales, así como promover y facilitar la denuncia ciudadana.

Durante la conferencia de prensa estuvo Patricia Guzmán Romero, hermana del alcalde asesinado, quien exigió el esclarecimiento de los hechos ocurridos donde murió su familiar.