Judicatura presta defensoría a víctimas de secuestro

En tres años, otorgó 2 mil 564 servicios gratuitos de representación jurídica, asesoría y orientación a víctimas de plagio y a sus familiares.

México

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha otorgado, en poco más de tres años, 2 mil 564 servicios gratuitos de representación jurídica, asesoría y orientación a víctimas de secuestro y a sus familiares.

A través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), atiende los efectos del secuestro, uno de los delitos de mayor impacto social y que más lastima a la sociedad pues afecta a personas de cualquier nivel socioeconómico, indicó la judicatura.

Ese instituto cuenta con un cuerpo especializado y multidisciplinario de asesores jurídicos que prestan servicio de representación de manera completa e integral a los afectados, para hacer valer sus derechos como víctima, ofendido o testigo del delito de secuestro.

Con ello el IFDP cumple la obligación constitucional de disponer un área especializada encargada de la defensa integral de las personas que son víctimas, ofendidos y/o testigos de dicho delito sin importar el nivel socioeconómico, nacionalidad o condición social, subrayó.

El órgano de control del Poder Judicial Federal recordó, en un comunicado, que esa área especializada funciona desde el 11 de abril de 2011.

En cada juicio en que intervengan, los asesores están obligados a explicar las etapas y consecuencias legales de cada procedimiento; asistirlos en todas las diligencias en las que deban intervenir, y ejercitar las acciones que prevén las leyes ante los órganos de procuración y administración de justicia, detalló el Consejo.

Estos asesores jurídicos han garantizado su efectividad a través de diversas acciones realizadas tanto con la interposición de recursos legales ordinarios, como en la promoción de juicios de amparo.

En el proceso penal estos servidores garantizan que se mantengan en reserva los datos personales e identidad de las víctimas, para lo cual se logró que las diligencias en que éstas participan se hagan mediante videoconferencias, sin que se muestren sus rostros a los procesados.

En atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el servicio se extendió a menores de edad que tienen el carácter de víctimas de cualquier delito en un proceso penal federal.

El CJF recordó que para atender este fenómeno delictivo, se expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada el 30 de noviembre de 2010, que establece la distribución de competencias y coordinación entre la federación, las entidades federativas, Distrito Federal y los municipios.

Esa ley reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 constitucional busca prevenir, sancionar y combatir el delito de secuestro, así como implementar los tipos penales y sanciones de las conductas que atenten contra la seguridad, libertad personal y la vida de las víctimas que padecen la comisión de ese ilícito.

El CJF anunció que debido a que el servicio de asistencia a víctimas de dicha instancia está en proceso de integración, continuará con la atención a las víctimas de este delito para evitar dejarlas en estado de indefensión, y garantizar así sus derechos humanos.