Niegan amparo a secuestrador de Vicente Fernández Jr

La Suprema Corte de Justicia desechó los alegatos del criminal y ratificó la sentencia en su contra de 50 años de prisión.
Vicente Fernandez Jr. en mayo de 2012.
Vicente Fernandez Jr. en mayo de 2012. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia de 50 años de prisión dictada contra Juan Carlos Verduzco Nieblas, alias "El Nieblas", quien formó parte de una célula del cártel de Sinaloa que plagió a familiares de artistas, entre ellos, al hijo del cantante Vicente Fernández.

Los ministros no avalaron el proyecto de su homólogo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso otorgar un amparo para el efecto de revocar la sentencia, con la finalidad de que un tribunal colegiado subsanara deficiencias en el juicio.

Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Verduzco era parte de la célula del cártel de Sinaloa que era dirigida por el narcotraficante Miguel Ángel Beltrán Lugo, alias "El Ceja Güera", éste último asesinado por el reo Lucio Don Juan Govea, en el comedor del penal de máxima seguridad de La Palma (hoy Altiplano), en octubre de 2004.

La citada organización criminal secuestró al hijo de Vicente Fernández en 1997, año en el que también fue plagiado el papá de uno de los integrantes del grupo musical Los Temerarios. De igual manera, secuestraron a empresarios y ganaderos jaliscienses.

El 12 de marzo de 2008, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco sentenció a Verduzco y a 16 delincuentes más. Cada uno recibió una pena de 50 años de prisión. La sentencia fue ratificada por un tribunal de alzada.

"El Nieblas" interpuso un amparo directo en el que alegó que el delito que se le imputa no es del orden federal, sino del fuero común, motivo por el cual la PGR no debió investigarlo. Asimismo, argumentó que las declaraciones ministeriales de los coinculpados se obtuvieron con violación al principio de no autoincriminación, previsto en el artículo 20 constitucional, y que a ciertos testigos en esta condición no se les informó que tenían el derecho de no declarar contra el quejoso.

Verduzco también alegó que no se respetaron los principios de debido proceso y de presunción de inocencia porque se le condenó sin que existieran pruebas suficientes y sin seguirse un proceso penal en el que se cumplieran las formalidades legales, pues los elementos de prueba se obtuvieron de forma ilícita.

Por último, los jueces también rechazaron el argumento de que las declaraciones ministeriales de los coinculpados se valoraron incorrectamente, ya que de las manifestaciones de algunos de ellos no se advertían imputaciones en su contra; además, de que algunos testigos eran de oídas.


ERM