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Universitarias, sin salida ante acoso sexual

Como si estuvieran en un Ministerio Público, las estudiantes que presentan una queja por violencia de género enfrentan cuestionamiento y revictimización.
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Si una estudiante quiere denunciar acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe pasar dos filtros: primero encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones, publicaciones en redes sociales, correos o registros de llamadas que demuestren el hecho y evidencien el asedio y la violencia.

Aunque las estudiantes acuden a las instancias internas de la UNAM para hacer valer su derecho a una vida libre de violencia, se enfrentan a la misma violencia que podrían encontrar en una agencia del ministerio público, instituciones adonde las víctimas acuden para encontrar justicia, pero donde pocas veces encuentran respuestas.

Después del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven asesinada el 3 mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, muchas estudiantes ejercen su derecho a la denuncia con el fin de evitar ser víctimas de agresiones cada vez más violentas; sin embargo, la universidad replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.

PROTOCOLO PARA ATENDER VIOLENCIA

En reacción a la violencia de género y las denuncias de acoso sexual, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, una herramienta para establecer el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de acoso sexual.

A más de un año de la implementación de este protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende de esta oficina.

De estas denuncias se identificaron a 203 personas presuntamente agresoras, pero de éstas solo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores.

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.

En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor como la víctima no pueden hacer pública la denuncia.

La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompaña casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez —nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias— subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.

LABERINTO A LA IMPUNIDAD

Adentradas en el proceso de denuncia, las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez, por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género. Además piden pruebas de la violencia a pesar de que muchas veces estas agresiones se realizan en secrecía y sin testigos.

La estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera, quienes la hostigaron por redes sociales y mensajes de texto, asegura que a pesar de contar con pruebas su dicho fue desestimado.

La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General) y aunque presentó fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, la respuesta de esta comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”.

Aún así el protocolo marca que cuando se presenta un caso se envía ante el Tribunal Universitario, la abogada general y el director o directora de facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el tribunal tiene la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por las otras partes, explicó Ingrid Vázquez, integrante del Tribunal Universitario.

Las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, es decir, si son profesores, estudiantes o personal administrativo, pero no por el grado de la violencia que ejercieron. Los castigos van desde una amonestación que, de los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fue resuelto por un procedimiento alternativo, es decir, las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento está pendiente de una sanción, en 6 por ciento no se encontró elementos para emitir una resolución, uno por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento, porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.

Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación” es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Según el informe del protocolo en seis casos se firmó un acuerdo entre el agresor y la víctima.

Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria ante la violencia de género.

Con información de Aline Espinosa Gutiérrez.

Cimacnoticias: periodismo con perspectiva de género

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