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Domingo , 21.10.2018 / 21:21 Hoy

Una “vergüenza para la humanidad”, caso Iguala

Los comisionados del INAI acortan de 12 a 2 años el tiempo que la Sedena se reservó la averiguación previa de los crímenes en Tlatlaya.

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El juez español Baltasar Garzón calificó de "vergüenza para la humanidad" el caso Iguala, tras nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Entrevistado después de su participación en el Encuentro de pensadores para crear la carta de las obligaciones del ser humano, organizado por la UNAM y el capítulo mexicano de World Future Society, subrayó que las desapariciones forzadas no pueden extenderse ni quedar impunes.

Garzón, reconocido a escala internacional como defensor de la legalidad y los derechos humanos, participó ayer en una mesa sobre el estado de derecho, donde destacó la necesidad de que los ciudadanos asuman su poder y responsabilidad para que sus derechos les sean garantizados.

Al final de su presentación, se refirió al crimen cometido contra los normalistas de Ayotzinapa.

"Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y desde la comunidad en general.

"No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no solo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Iguala", expresó.

Antes, durante su presentación, enlistó diez elementos que desde su perspectiva debe contener la carta de las obligaciones.

Destacó, en primer lugar, que la obligación de respetar los derechos humanos no recae exclusivamente en los gobiernos, sino en todos los ciudadanos y especialmente en los corporativos que cada día "ponen más en riesgo sus derechos elementales".

En su turno, José Antonio de Melo Pinto, miembro del Colegio de Abogados de Portugal, aseveró que se debe transformar los derechos humanos en deberes, así se les colocará en un nivel "supranacional" y todos tendríamos que buscar que se ejercieran.

Eduardo Balbi, presidente de la Red Escenarios y Estrategia en América Latina, planteó la necesidad de crear "verdaderos sistemas de premios y castigos" para que tanto funcionarios como ciudadanos respeten el estado de derecho.

También se pronunció por transformar la visión antropocéntrica "que le ha hecho mucho daño al mundo" por una biocentrista basada en el respeto y preservación de la vida en todas sus formas.

"Desafío real"

Con una votación de 4 a 3, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acortaron de 12 a 2 años el tiempo que la Sedena se reservó la averiguación previa de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.

Un particular solicitó la averiguación previa de los hechos donde murieron 22 personas, la cual fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar; sin embargo, la dependencia negó los documentos bajo el argumento de que se trataba de un expediente seguido en forma de juicio y la causa penal que se sigue es por delitos del orden militar.

En su negativa, la Sedena explicó que los delitos imputados son desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada elemento y personal de tropa, según su comisión o empleo.

Al presentar el recurso de revisión, el particular aseguró que la información no puede reservarse bajo dicho argumento, ya que la CNDH, en su recomendación 51/2014, clasificó los hechos como violaciones graves a derechos humanos.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que las dependencias no podrán reservarse información cuando se trate de una investigación de violaciones graves a derechos humanos.

Al presentar el proyecto, el comisionado Francisco Javier Acuña dijo estar de acuerdo con la dependencia al reservar la información por 12 años ya que, aseguró, los delitos imputados a lo militares son de orden castrense.

Dicho argumento fue debatido por los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra, quienes dieron a conocer que la Sedena no les permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada, que dificultó y soslayó el trabajo del INAI.

"Yo no tengo certeza de cuáles fueron los elementos que presuntamente configuraron estos tipos penales, como no tuvimos acceso a esa averiguación previa, no sabemos cuáles fueron los elementos que ha considerado la parte del Ministerio Público, la parte de investigación para tipificar las conductas y encuadrarlas en esto que hacen del conocimiento del juez", dijo la comisionada Cano.

Incluso, el comisionado Joel Salas dijo que la negativa de la Sedena a los documentos es un "desafío real" a lo que establece la Ley de Transparencia.

"Esfuerzo insuficiente"

En los primeros cinco meses del año disminuyeron los secuestros 36.99 por ciento con relación al año anterior; sin embargo, las cifras siguen "muy elevadas, lo que significa que los esfuerzos no son suficientes", afirmó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

En conferencia de prensa, informó que durante mayo seis estados registraron 70.5 por ciento de los casos; en primer lugar el Estado de México, con 27; seguido de Tamaulipas, con 20; el DF, con 16; Veracruz, con 13; Guerrero, con 12, y Tabasco, con 10.

También explicó que en el transcurso del sexenio han sido denunciados 5 mil 849 plagios. En promedio se han cometido 195 al mes, lo que equivale a 49 secuestros a la semana y 7 al día.

En mayo de este año se denunciaron 139 secuestros, hubo un total de 180 víctimas, que representa 0.7 por ciento de incremento comparado con abril, cuando ocurrieron 138, con 171 víctimas.

"Es alarmante la cifra de víctimas comparada con la de los detenidos, pues en lo que va del año han capturado a 868 plagiarios", dijo. (Eugenia Jiménez/México)



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