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Lunes , 22.10.2018 / 01:53 Hoy

Traslado de reos federales, solo con autorización: Sales

‘Don Chelo’ era el primero de una lista de 23 presos que la fiscalía de Jalisco pidió sacar del reclusorio de Puente Grande en mayo de 2016.

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El traslado de reos relacionados con delitos federales desde prisiones bajo control estatal se puede llevar a cabo siempre y cuando haya autorización judicial y el sujeto privado de su libertad no cuente con algún amparo.

Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, en entrevista con MILENIO, explicó que en el caso de José Luis Gutiérrez, Don Chelo o El Ojo de Vidrio, no se ha concretado su traslado a una prisión federal porque la solicitud de las autoridades carcelarias de Puente Grande era que el operativo fuera responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Seguridad.

Esto no es factible, pues todos los operativos de este tipo deben realizarse conjuntamente, explicó.

Además, existe una solicitud de amparo por parte de Gutiérrez para evitar su traslado a otra prisión.

En un documento fechado el 2 de mayo de 2016, la fiscalía de Jalisco solicitó el traslado de 23 reos del fuero federal, recluidos en el penal estatal de Puente Grande.

“Se ha detectado que al interior del centro de reclusión existen grupos de internos pertenecientes a diversos cárteles o pandillas antagónicos entre sí, que ha dado pie a confrontaciones y riñas que ponen de manifiesto la posibilidad de afectar la integridad física de los internos”, señala el documento.

En el número uno de la lista de los internos aparece Antonio Herrera Ochoa y/o José Luis Gutiérrez Valencia, El Ojo de Vidrio, El Flaco, el Chelo o El Apá.

Sin embargo, el traslado no se pudo concretar debido a que ya contaba con un amparo, que le fue otorgado por el juzgado tercero de distrito el 14 de marzo de ese mismo año.

En la entrevista con MILENIO, Sales comentó: “Uno de los problemas más fuertes en el tema del traslado de reos es que los sujetos se amparan y vuelven a ampararse, por lo que no hay forma de moverlos y debemos esperar a que haya un resquicio legal para poder efectuar los traslados”, manifestó.

Sales aseguró a MILENIO que para terminar con estas lagunas está trabajando arduamente con las fiscalías de todos los estados, de manera que se tenga una coordinación real a fin de superar cada uno de los escollos que históricamente aquejan al sistema penal.

“Entre los acuerdos que logramos en la reciente conferencia nacional del sistema penitenciario en abril de este año, fue darle seguimiento al manejo de los recursos para evitar autogobierno y hacinamiento, despresurizar las cárceles estatales, favorecer la seguridad e impedir que se repitan casos recientes de fugas, riñas y homicidios”, señaló.

El comisionado dijo que actualmente hay 220 mil personas en los penales del país, de los cuales 10 por ciento se encuentran en centros federales y otro 10 por ciento está apegado a amparos en cárceles estatales para evitar ser trasladado.

Respecto del tema del autogobierno en las prisiones de los estados, Sales aseguró que ha sostenido reuniones con autoridades estatales para apoyar en el reforzamiento del sistema penitenciario y evitar estos casos en las cárceles locales.

Insistió en que actualmente se trabaja en una política para reorientar los recursos de la Federación a los penales estatales para un manejo más adecuado de éstos.

“Los procesados federales están ahí en virtud del amparo y de los artículos 21 o 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal… cuando podemos efectuamos traslados con autorización judicial”, señaló.

Dentro de los acuerdos alcanzados en esta reunión se estableció como prioridad el fortalecimiento de la seguridad perimetral en instalaciones carcelarias con visitas de campo, la validación técnica y jurídica de traslados de internos de mayor riesgo a penales federales, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, basados en la corresponsabilidad y compromiso de todos.



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