Constitucional, uso de testigos protegidos, ratifica la Corte

Los ministros consideraron que tienen sustento constitucional la mayoría de los artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, incluidos los que se refieren a estos testigos.
En la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será analizado mañana el amparo atraído por esa instancia, que interpuso la defensa del padre José Carlos Contreras, preso desde hace cuatro años por los delitos de violación y asesinato de una joven.
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Milenio-Archivo)

Ciudad de México

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que son constitucionales la mayoría de los artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos la colaboración de testigos protegidos en investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

En el sexenio pasado decenas de personas inocentes, entre militares, policías federales y empresarios, fueron a prisión por los dichos de estos testigos; hasta la fecha las víctimas continúan recuperando su libertad tras largos procesos penales.

El único tema que no abordó la Primera Sala fue la figura del arraigo, la cual se discutirá en el pleno de la Corte el próximo mes.

El fallo de la Sala derivó de la negativa de amparo al ex jefe de plaza de La Familia en Apatzingán, José Antonio Arcos Martínez, El Toñón, quien fue detenido el 7 de diciembre de 2010 en Morelia, Michoacán.

De acuerdo a las investigaciones federales, El Toñón reportaba directamente las operaciones a Jesús El Chango Méndez, ex líder de la citada organización criminal, quien después se confrontaría con Servando Gómez Martínez, La Tuta, por el control del grupo delincuencial, situación que dividió al cártel y derivó en la fundación de Los Caballeros Templarios.

Arcos Martínez impugnó los artículos 7, 8, 13, 14, 34, 35 y 38 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre los cuales destaca los referentes a los testigos protegidos, ya que para su consignación se tomaron en cuenta las declaraciones que rindieron dichos colaboradores.

Los ministros coincidieron que estos artículos no son inconstitucionales, "ya que tienen sustento tanto constitucional como convencional".

Se argumentó que la figura de testigo colaborador (artículo 35 impugnado) encuentra sustento en el artículo 20 constitucional.

Los ministros también validaron que tanto el Código Penal como el de Procedimientos Penales, en la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, no puede considerarse violatoria del principio de supremacía constitucional.

Esto porque, contrario a lo que argumenta el quejoso, el artículo 8, también impugnado, al prever la creación y organización de instituciones específicas para la investigación y combate a los ilícitos vinculados con el crimen organizado, genera una regulación más concreta y especializada tendente a respetar las formalidades esenciales del procedimiento.

Los ministros rechazaron que se haya vulnerado el derecho a la defensa adecuada del quejoso, luego de que se estableció la reserva de información contenida en la averiguación previa; dicha reserva constituye una herramienta procesal que salvaguarda los datos recabados por el fiscal federal, con lo cual se protege a su vez a las personas vinculadas con la misma.