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Domingo , 27.05.2018 / 09:36 Hoy

Tarjetagate del Verde: de multas electorales a denuncias penales

La Fepade acusa a Arturo Escobar de incurrir en un delito electoral por las tarjetas Premia Platino, por las cuales el partido ya había sido multado con más de 6 millones de pesos.

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Alejandro Domínguez

El Partido Verde Ecologista de México acumula más de 6.3 millones de pesos en multas por la distribución de las tarjetas Premia Platino, por las cuales ahora la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) acusa al ex vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, de haber firmado el contrato con la empresa que fabricó y distribuyó las tarjetas entre ciudadanos que supuestamente eran militantes del partido, acciones ilegales de acuerdo con la ley de delitos electorales.

Las multas

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya habían resuelto en contra del Partido Verde las quejas presentadas por otros partidos por la distribución de las tarjetas.

Entre las determinaciones de las autoridades electorales se le ordenó al partido cancelar los beneficios de las tarjetas y dejar de distribuirlas, sin embargo, al no hacerlo y seguir otorgando los descuentos a los portadores el Tribunal Electoral sancionó al partido y a la empresa que hizo los convenios con los prestadores del servicio de descuentos.

Entre las multas a las que se hizo acreedor el partido por la distribución de las tarjetas está la del 27 de marzo de 2015 por 3.9 millones de pesos, por considerar que con la distribución de las tarjetas, el partido continuó con una sobreexposición de su imagen y realizó la entrega de beneficios prohibidos a la ciudadanía. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la entrega de las tarjetas con el logotipo de dicho partido político implicó un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes las recibieron, toda vez que al ser gratuitas, implicaron un ahorro del valor comercial de la membresía, así como la posibilidad de acceder a los descuentos y provechos que se otorgan en los comercios participantes, lo cual está prohibido en la ley electoral.

Posteriormente, el 9 de julio de 2015, la Sala Especializada del Tribunal Electoral sancionó al partido con una multa equivalente a 462 mil pesos por incumplir con las medidas cautelares dictadas por el INE el 10 de marzo, en donde se ordenó la suspensión de la campaña de tarjetas de descuento Premia Platino. Además se determinó que la empresa Proyectos Juveniles S.A. de C.V. es responsable directa del incumplimiento de las medidas, al no cancelar el otorgamiento de descuentos de las tarjetas, por lo que se le impuso una multa de 100 mil pesos.

Adicionalmente, en respuesta a una queja del PRD en Michoacán, el INE multó al partido con 2 millones de pesos por haber utilizado de forma ilegal el padrón electoral de Michoacán, para entregar las tarjetas con la intención de coaccionar el voto. El INE detectó que el partido adquirió y entregó 10 mil tarjetas plásticas Premia Platino, por lo que emitió la sanción.

La acusación penal

Los presuntos delitos electorales por esta contratación están contemplados en el artículo 7 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que entró en vigor en 2014.

En el caso del artículo 7 fracción XXI de la ley, se especifica que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años, a quien provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

En este caso la empresa Proyectos Juveniles S.A. de C.V. y en particular sus representantes serían los acreedores a la sanción de comprobarse que, como acusa la Fepade, esta empresa no estaba registrada en el Instituto Nacional Electoral, como proveedor del partido.

Mientras que en el artículo 15 de la ley se especifica que se impondrá de mil a 5 mil días multa y de 5 a 15 años de prisión al que realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

Esta pena aumentará hasta el doble cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Para la Fepade, tanto Arturo Escobar, que firmó el contrato, como la empresa que ofreció el servicio incurrieron en este delito al dotar a ciudadanos de dinero en especie, a través de las tarjetas de descuento con logotipo del partido.

Las denuncias

La investigación de la Fepade inició después de denuncias presentadas entre marzo y abril de 2015, por el PAN, una ex diputada del PRD y una ciudadana que recibió la tarjeta.

Eduardo Aguilar, representante legal de Acción Nacional explicó a MILENIO que el 13 de marzo denunciaron que "se firmó un contrato entre el Partido Verde Ecologista de México y una empresa que se llama Servicios Juveniles S.A de C.V., esta empresa fue quien registro la marca de tarjetas Premia Platino a través de las cuales solicitó colaboración con diversas empresas de autoservicio: cine, productos de lentes, entre otras, para que a quienes portaran la tarjeta del partido con su logotipo obtuvieran un descuento inmediato en la presentación de la tarjeta".

Para el PAN "esto generaba la obligación a la empresa de otorgar un descuento traducido en monetario, este descuento en algunos casos podría ser un porcentaje de la compra o incluso un monto específico, eso se trata de un ejercicio ilícito porque es la manera de coaccionar el voto a ciudadanos al otorgarles beneficios económicos directos a través de una prestación y portación de una identificación partidista que está prohibida por la ley".

La ex diputada federal PRD, Julisa Mejía Guardado, quien también denunció al PVEM ante la Fepade en abril por la entrega de tarjetas premia platino y boletos para el cine, dijo que la empresa Proyectos Juveniles a su vez contrató a otra empresa para la distribución y la elaboración de las tarjetas y que hoy en la Fepade le informaron que además de Escobar y Vega se solicitaron órdenes de aprehensión contra representantes de las empresas: Luisa María Ponce Robles, María Guadalupe Ponce Robles, Pablo Oliver Robles y Ramiro Tintero Ramos.

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