Se tambalea caso contra presuntos informantes de 'El Chapo'

La investigación contra ex funcionarios por encubrir al líder del Cártel de Sinaloa podría venirse abajo, tras comprobarse testimonios falsos y que un testigo mintió sobre su identidad.
Felipe Cabrera, "El Ingeniero", fue detenido a finales de 2011.
Felipe Cabrera, "El Ingeniero", fue detenido a finales de 2011. (Octavio Hoyos/Archivo)

México

La investigación que armó la Procuraduría General de la República (PGR) contra ex funcionarios ministeriales y judiciales que presuntamente filtraban información para evitar la detención del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, está a punto de venirse abajo.

Verónica Judith Sánchez Valle, juez 10 de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, recibió documentación que demuestra que la PGR presentó testimonios falsos a través de un testigo protegido, quien no es la persona que dijo ser.

La PGR aceptó, en la pasada administración, incluir en el programa de testigos protegidos a Esther Yadira Huitrón Vázquez, a quien le dio el nombre clave de Libre; lo mismo hizo con la pareja sentimental de esta mujer a quien se le dio el nombre clave X.

Sin embargo, durante el juicio contra los presuntos informantes de El Chapo, un ex funcionario reconoció a la mujer y declaró que su verdadero nombre es Rosario Herrera Dorador.

Hace unos días, la juez fue notificada por el Instituto Federal Electoral que no existe registro oficial de Esther Yadira, pero sí de Rosario Herrera, cuya fotografía en una credencial de elector es de la misma persona que aseguró ser Esther.

A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que hay registro de un pasaporte a nombre de Rosario.

Mientras tanto, Claudia Herrera Dorador, hermana de Rosario, promovió un amparo porque fue detenida por la Secretaría de Marina-Armada de México, dependencia que la entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El año pasado, la PGR capturó y envió a la cárcel a siete funcionarios federales y locales, tres de ellos de esta institución y uno que regresó a laborar al Poder Judicial de la Federación, ya que presuntamente formaban parte de una red de informantes que servía al cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la institución, dichas personas eran informantes de Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero o El señor de la sierra, detenido a fines de 2011 por efectivos del Ejército mexicano en Sinaloa, identificado como el principal escolta de El Chapo Guzmán.

Entre los detenidos se encuentra el abogado José Gerardo Ortega Maya, quien denunció que fue torturado por órdenes del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado para tratar de involucrar al general Tomás Ángeles Dauahare con el narcotráfico.

Ortega Maya fue uno de los asesores del ex secretario de Marina Francisco Saynez Mendoza; también es yerno del almirante Luis Carlos Ruano Angulo, quien encabezó hace años la Secretaría de Marina-Armada de México.

Otro de los detenidos es Manuel Arroyo Martínez, ex coordinador técnico de control de la SEIDO, y quien hace unas semanas abandonó el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, por falta de pruebas, tras un año de permanecer en la cárcel.

Juan Carlos de la Barrera Vite, quien salió de la Procuraduría General de la República para incorporarse de nueva cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como empleado administrativo, también fue acusado de ser informante de El Ingeniero.

La PGR argumentó que De la Barrera Vite fue contactado por Víctor Omar Martínez Ferrara, quien le solicitó información sobre el estado que guardaba el proceso contra El Ingeniero, así como los datos que estaban aportando contra la mencionada organización criminal diversos testigos protegidos.

El pasado 7 de octubre tanto Libre como X se presentaron a declarar ante la juez 10 de distrito de procesos penales, pero la diligencia no se pudo llevar a cabo debido a que no llevaban consigo algún documento oficial para corroborar su identidad; en tanto, la información proporcionada por el IFE y la SRE llegó días después.

Ahora la juez deberá valorar las pruebas entregadas y en caso de ser demostrada la violación jurídica y la falsedad de testimonios de ambos testigos, quedarían en libertad inmediata y absoluta todos los coacusados.

En la pasada administración, a ambos testigos protegidos se les prometió que no serían entregados a Estados Unidos, donde tienen orden de aprehensión en Tucson, Arizona, por tráfico de drogas.

ABOGADO

En junio de este año, el abogado José Gerardo Ortega Maya pidió al presidente Enrique Peña Nieto que se revisara su caso para recuperar su libertad.

En entrevista telefónica con MILENIO, desde el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, el litigante dijo que la única forma en que se podrá hacer justicia a las personas que fueron llevadas a prisión con pruebas falsas en la pasada administración es ordenando su liberación.

“Básicamente, lo único que le pido al señor Presidente de la República (es) mi libertad, porque ya cambió el gobierno y se supone que es un gobierno democrático, lo menos que pedimos es justicia y la justicia es con hechos y sería eso, que nos dé la libertad”, dijo.

Narró que durante el martirio al que fue sometido por agentes de la PGR y militares, uno de sus agresores le dijo que a pesar de que no involucrara con el narcotráfico al ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles, eso no les importaba, porque ya tenían asegurado un ascenso.

Claves

La detención

- El 17 de octubre de 2012, el entonces titular de la SEIDO, José Cuitláhuac Salinas, anunció la detención y desmantelamiento de una presunta red de informantes que servían al cártel de Sinaloa, entre ellos un funcionario de la Suprema Corte.

- Indicó que la investigación continuaba abierta, pues tenían indicios que vinculaban a más funcionarios de distintos niveles con la organización criminal que encabezan Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán.

- “Se logró tener pruebas contundentes para proceder por lo menos contra siete diferentes servidores públicos involucrados en este tema; de éstos se obtuvo orden de aprehensión que se cumplieron y todos fueron ingresados a diferentes centros de reclusión”, enfatizó.