El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el sistema policiaco data de los años 80 y 90, por lo que no puede combatir de forma eficaz a los grupos delictivos.
Destacó que para la actualidad ese modelo “está obsoleto” y pidió a los gobernadores comprometerse, junto con el gobierno federal, a destinar recursos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, luego de que en el presupuesto para 2017 no se le asignaron fondos.
“En el México de 2016 no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e institucionales que muchas veces datan de los 80 y 90... el sistema actual en muchos de sus ámbitos y aspectos resulta francamente obsoleto”, expresó al encabezar la 41 sesión pública del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El mandatario recordó que el presupuesto del próximo año tiene como prioridad la estabilidad macroeconómica y “quizá es la mayor medida que en materia de prevención se puede asumir”.
Aseguró que para los dos años que restan de su administración dará mayor atención al combate a la delincuencia y al llamado a los gobernadores para redoblar esfuerzos, pues urge concretar la reforma del modelo policial.
Dijo coincidir con los mandatarios estatales en que “no estamos satisfechos con lo que hemos logrado. Reconocemos que tenemos, todavía, un problema y un desafío hacia adelante”.
Agregó que para 2017 se reforzarán las acciones de prevención de violencia y delincuencia, el trabajo en los 50 municipios donde se registra el mayor número de homicidios y la consolidación del nuevo modelo de justicia penal.
Peña Nieto llamó a “legislar para darle un marco de certidumbre subsidiaria de las fuerzas armadas en este tipo de actividades y, para ello, es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares”.
Reiteró la disposición de su gobierno para trabajar con los legisladores en el diseño de esta ley, “que dará certeza jurídica a nuestros soldados y marinos, tanto en su acción individual como en el plano institucional”.
Enfatizó que en años anteriores se destinó a la prevención social de la violencia 9 mil millones de pesos, pero para 2017 no se designó ningún recurso.
“He dado instrucciones para que podamos hacer un esfuerzo adicional y creo que es importante que lo hagamos todos y al unísono, que podamos articular acciones dentro de las políticas transversales de las distintas dependencias para no abandonar y no dejar esta signatura que, efectivamente, en el presupuesto probado cuenta con básicamente cero recursos”, subrayó.
Resaltó que en los primeros tres años de esta administración los principales indicadores de delitos del fuero común bajaron en al menos 20 por ciento y se ha logrado neutralizar a 105 de los 122 criminales más peligrosos.
Insistió en que en materia de seguridad pública “cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, tanto las autoridades estatales como las municipales deben cumplir plenamente su obligación de brindar protección a sus comunidades”.
Subrayó que el gobierno federal ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corporaciones locales de seguridad con la asignación de más de 49 mil millones de pesos en subsidios y aportaciones federales en los últimos cuatro años.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a los gobernadores y alcaldes a fortalecer sus instituciones de seguridad y de justicia, puesto que la participación de las fuerzas armadas y federales no es una solución de largo plazo en las entidades con problemas de violencia, sino un “recurso excepcional”.
Dijo que, ajeno a intereses o “cálculos políticos”, el gobierno federal ha otorgado recursos económicos, capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales, además de compartir tecnología e información para que asuman sus tareas.
RECLAMAN LA DESAPARICIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Adelina Lobo-Guerrero Serrano, representante permanente de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, reprochó al gobierno la desaparición en el presupuesto de 2017 del programa de prevención del delito, el cual tuvo en esta administración una inversión de 9 mil millones de pesos.
“Desde la sociedad civil vemos como un riesgo el que una política pública tan importante y tan trascendente desaparezca de esa forma; que cuatro años no nos sirven para evaluar una política en materia de prevención, tendríamos que estar pensando en evaluar esta política a los 10 años. Hago un llamado a todos los aquí presentes que, en el ámbito de sus competencias, hagamos un esfuerzo por continuar con esta política pública en materia de prevención; que hagamos un esfuerzo a apostar por la prevención”, expresó.
Sostuvo que estas acciones han sido cuestionables, pero muchas otras representan un modelo de las mejores prácticas en prevención y no solo en México, sino a escala internacional; propuso a los estados una regulación de los antecedentes penales, porque actualmente este requisito violenta el derecho humano al trabajo, no distingue y solo estigmatiza.
Con información de: Ignacio Alzaga/México.
