Se profesionalizará al personal penitenciario

Anuncia el Consejo Nacional de Seguridad Pública seis acciones en la materia, que incluyen la creación de una carrera para que los ascensos se den con base en capacitación y desempeño.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Pública, y Arely Gómez, titular de la PGR.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Pública, y Arely Gómez, titular de la PGR. (Édgar Garrido/Reuters)

México

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el establecimiento de una política nacional penitenciaria, basada en una estrategia de cinco puntos, entre ellos, la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Penitenciario, para fundar una carrera profesional en las prisiones donde los ascensos se realicen con base en capacitación y desempeño.

Durante la 38 reunión plenaria del consejo, el comisionado Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, anunció también la creación de un comité que evalúe la acciones en materia carcelaria.

Hoy en día, dijo el funcionario, "el personal que labora dentro del sistema penitenciario nacional no cuenta con un servicio profesional de carrera, lo que implica una mayor rotación, reglas menos claras para la promoción y permanencia, así como para los estímulos por el desempeño de su labor".

Admitió que lo que buscan es promover la dignificación de la carrera penitenciaria mediante el desarrollo personal, basado en el mérito y en la igualdad.

El funcionario precisó que el fortalecimiento de la política nacional penitenciaria incluye cuatro acciones más encaminadas a mejorar el control y manejo de las prisiones.

La primera es consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria y para ello requieren que ésta sea uniforme, "ya que el objetivo de esta acción es optimizar la calidad y oportunidad de la información de los internos y de su situación jurídica".

Para ello, Rubido pidió a cada miembro del consejo actualizar sus registros y establecer los mecanismos de comunicación y de coordinación con Plataforma México, a fin de hacer de este registro una mejor herramienta.

Al anunciar que en el país hay 392 instalaciones penitenciarias, de las cuales 22 son federales, 297 estatales y del Distrito Federal, y 74 municipales, el funcionario dijo que la segunda acción es estandarizar la operación bajo protocolos homologados.

"Los mecanismos de administración, operación y gestión de los centros penitenciarios varían de manera tal que dificultan implementar acciones uniformes y eficaces, necesarias para el buen funcionamiento del sistema penitenciario.

"Es por ello que para unificar la administración y ejecución de los procedimientos en los centros, se propone que la Conferencia Nacional de Gobernadores, a través de su comité de Normatividad, desarrolle y discuta protocolos de actuación, métodos y procedimientos de operación homologados para su aprobación", agregó.

La tercera acción es diseñar e implementar un modelo para la certificación de penales, tanto federales como estatales.

"Los centros penitenciarios presentan áreas de oportunidad diferenciadas en torno a la operación, protección, orden, servicios administrativos y gestión.

"Por ello se propone impulsar una estrategia que permita generar mecanismos de certificación para los centros federales, estatales y municipales, con el objetivo de lograr un adecuado nivel de operación y proveer un entorno seguro para el personal que ahí labora como para la población interna", comentó.

A decir del comisionado, esta certificación debe cumplir con seis vertientes básicas: seguridad y protección, orden y disciplina, atención médica, programas y actividades recreativas, justicia y derechos humanos, y administración y gestión.

La última acción, abundó, es elaborar un programa integral para la reinserción social basado en la educación, trabajo y capacitación, como lo enuncia el artículo 18 constitucional.

Por lo que hace al Comité Evaluador del Sistema Penitenciario, estará integrado por el órgano administrativo desconcentrado, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil y académicos.