Por sistema anticorrupción, ‘necesario’ triplicar plazas

Eduardo Rovelo solicita mayores recursos para operar y cumplir con la obligación constitucional, que entra en vigor el 19 de julio.

México

Para que el Sistema Local Anticorrupción (SLA) en Ciudad de México funcione adecuadamente, la Contraloría General capitalina necesita incrementar su personal de 477 trabajadores de estructura a mil 439, de acuerdo con el contralor Eduardo Rovelo Pico.

En entrevista con MILENIO, el funcionario explicó que la construcción del SLA es una obligación constitucional, para lo cual se requiere un presupuesto de 502 millones 649 mil 350 pesos, de los cuales 350 mdp deben destinarse al fortalecimiento de la infraestructura y al personal de la Contraloría General de Ciudad de México, que está calculado en 962 nuevas plazas.

Por lo tanto, Rovelo hizo un llamado a los diputados locales y a la Secretaría de Finanzas para que proporcionen los recursos necesarios, de lo contrario, el sistema quedará “inoperante”.

“Puede haber leyes, se puede cumplir jurídicamente, pero si no hay voluntad, no hay decisión, y si no hay presupuesto… ¿qué pasó con el sistema de justicia penal adversarial acusatorio?”

El resto de los recursos económicos calculados para echar a andar el SLA se repartirán entre las labores de algunos de los otros integrantes del sistema.

“Tiene que haber un cambio de óptica por lo que hace al sistema de impartición de justicia administrativa; la Contraloría tendrá que ampliar sus atribuciones y toda la gente que hoy aplica el régimen de responsabilidades tendrá que entrar a un nuevo modelo”, dijo Rovelo.

Además, el funcionario capitalino recordó que a partir del 19 de julio entrará en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que ya comenzó la capacitación de 240 servidores públicos de la Contraloría “para que repliquen y sean facilitadores de todos los integrantes” de la misma.

PREVÉN MÁS DENUNCIAS

El contralor explicó que el incremento en el presupuesto que se solicita responde a la necesidad del cambio estructural que implicará la entrada del SLA en julio próximo.

Esto incluye la ampliación de las áreas, la modificación en la estructura, porque tiene que ver con la atención de quejas, denuncias y responsabilidades, pero también toda el área de control interno, que es “una nueva definición que hace la Ley del SNA, que abarca la detección, prevención y sanción de actos de corrupción, pero es también todo el seguimiento que da el órgano de control interno a los servidores públicos para el cumplimiento correcto de la norma.

“Esa parte la tenemos dedicada al área de auditoría, de fiscalización, entonces, necesitamos una área específica que se encargue de manera exclusiva al control interno”, expuso Rovelo.

“Tenemos que reforzar a la Contraloría, va a ser, como la Secretaría de la Función Pública, un área estratégica para la aplicación de este modelo”, dijo.

Para el contralor, de no contar con los recursos económicos suficientes en julio próximo, el SLA será “un sistema inoperante y estaríamos en falta en términos constitucionales, eso es muy delicado”.