El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, encabezado por su líder Jesús Gilberto González Pimentel, se manifestó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la anulación del artículo 51 Bis, precepto que permite a los titulares de los órganos judiciales el cese directo de los empleados, sin un juicio previo.
"Es inconcebible que todos los días, a través de los juzgados de Distrito, de los tribunales colegiados de circuito en materia laboral, se emitan normas, se emitan jurisprudencias, criterios a favor de otros trabajadores y que la Suprema Corte no haya decidido revisar ese acuerdo del Consejo de la Judicatura (Federal) que flagrantemente viola nuestros derechos humanos y laborales", expresó el dirigente.
Ésta no es la única movilización que se ha desarrollado, ya que desde el pasado lunes se llevan a cabo en diversas regiones del país, en las que casi 40 mil trabajadores aceptaron unirse a la "movilización pacífica", lo que constituye un hecho inédito.
González Pimentel señaló que el mencionado artículo fue aprobado el 10 de junio de 2015, y a partir de ese fecha han celebrado reuniones con el pleno del Consejo de la Judicatura Federal encabezado por el ministro Luis María Aguilar Morales. Sin embargo, no han obtenido respuestas favorables.
Con la entrada en vigor del acuerdo, abundó el dirigente gremial, han salido criterios en materia laboral que "conculcan el debido proceso, la garantía de audiencia y la estabilidad en el empleo".
Los manifestantes que acudieron a la Corte integran forman parte de distintas secciones gremiales del país, además de que reciben el respaldo de otros sindicatos judiciales de países de Centroamérica.
González Pimentel detalló que otras de las demandas del gremio es obtener un aumento salarial, pero lo que más les importa en este momento es el respeto de los derechos humanos.
"El aumento salarial sí lo estamos exigiendo, pero sobre todo estamos viendo la perdida de los derechos humanos; de que exigimos aumento salarial sí es correcto, ha habido una depreciación del poder adquisitivo desde hace muchos años a la fecha. Este año el incremento al salario mínimo fue del 8.5, nos dan el cinco por ciento, pero menos el impuesto nos viene quedando en 3.5; si vemos las prestaciones que tienen los niveles más altos (del Poder Judicial) con los más bajos, es inconcebible, es una majadería para el trabajador", declaró.
jbh
