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Sábado , 22.09.2018 / 20:43 Hoy

Sin fiscalía, OEA no puede indagar sobre Ayotzinapa

Ex asesor de la ONU e Isabel Miranda de Wallace demandan que salga el GIEI por politizar el tema.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) nunca ha tenido una fiscalía en su historia, por lo que no puede investigar el caso Iguala, dijo Samuel González Ruiz, ex asesor Interregional de Drogas y Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien calificó de "aberración" la propuesta de senadores del PAN.

González demandó la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Iguala por politizar el tema y existir un conflicto de interés, de acuerdo con los estatutos de la OEA.

Los conflictos de interés tienen que ver con los nexos de los integrantes del GIEI con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México.

La única autoridad para formar tribunales internacionales, señaló, es el Consejo General de las Naciones Unidas.

Para solicitar la intervención del Consejo de la ONU, apuntó, México tendría que explicar en qué sentido estaría afectada la paz internacional por lo que ocurre en nuestro país.

A su vez, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, también demandó la salida del grupo de expertos, porque no son los indicados para realizar la investigación de los normalistas, sino la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, por tratarse de un asunto en el que está involucrado un grupo del narcotráfico.

"Indudablemente que hay un conflicto de intereses muy grande, están tratando de llevar a México y al gobierno contra la pared, cosa que nos parece sumamente delicada", declaró Wallace.

Los motivos

En conferencia de prensa, el ex asesor y ex comisionado de la ONU durante la gestión de Kofi Annan puntualizó que el tema del caso Iguala se ha "desbordado", luego de que Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado amagó con llevar el tema a la OEA.

"Déjenme explicarles que en el sistema internacional el único que tiene capacidad de formar tribunales internacionales es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo ha hecho a lo largo de la historia, no solamente en el caso de la ex Yugoslavia, en Ruanda y otros tribunales en África.

"La OEA nunca ha tenido una fiscalía, no tiene antecedentes, no tiene fiscales y además está en una situación económicamente muy reducida; ¿eso que quiere decir? Que no es la OEA la vía para establecer una fiscalía internacional, no hay precedente, todos los casos tienen que ver con Naciones Unidas", explicó.

El gobierno de México, abundó, cometió un "error gravísimo" al invitar a la CIDH para investigar el caso de los 43 normalistas.

González explicó que en el punto 101.7 del Reglamento de Personal de la OEA —que abarca a la CIDH— habla de declaraciones de lealtad, de ética y de conflictos de intereses, tiene reglas específicas que no están siendo respetadas. Además, recordó que Emilio Álvarez Icaza es el secretario general ejecutivo de la CIDH.

De acuerdo con la "regla no escrita", ni un funcionario de Naciones Unidas ni de la OEA que ocupa cargos de primer nivel puede intervenir en asuntos de sus países.

González dijo que Álvarez Icaza "tiene intereses" en Guerrero, porque "sus organizaciones (no gubernamentales en México) siempre han estado ahí".

Ejemplificó diciendo qué conflictos de interés existen actualmente:

"Fíjense bien los conflictos de interés que están ahí: tenemos el conflicto de intereses de los perredistas; la presidenta de la Cámara de Senadores de la Comisión de Derechos Humanos (Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega) el domingo pasado habló de las culpas en el caso Iguala, por el nombramiento de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala.

"Tienen una serie de conflictos de intereses y las cosas no están siendo tratadas técnicamente. Vean ustedes quién es el señor Francisco Cox (integrante del GIEI) y en dónde cobra el señor Cox por parte de este grupo interdisciplinario, dónde cobra y quiénes son los que les pagan a las organizaciones (como Cencos y el Centro Agustín Prodh) que están detrás del señor Cox: las mismas que les pagan a las organizaciones que están detrás del señor Emilio Álvarez Icaza".

Lo que sucedió en Ayotzinapa, agregó, es un secuestro y debió ser tratado como un elemento criminal, y ahora nos mandan un reporte que tiene criterios distintos al derecho penal.

"Nosotros conminamos a los señores legisladores a que no digan aberraciones, particularmente al coordinador de una de las fracciones parlamentarias (PAN) que dice que van a llamar a la OEA: la OEA no tiene capacidad para poner aquí a un fiscal...no hay base ni fundamento legal para lo que están señalando".

"Conflicto de interés"

Isabel Miranda de Wallace subrayó que además de existir un conflicto de interés dentro la CIDH, porque el secretario general ejecutivo es mexicano y no puede conocer de conflictos en México, "tenemos a su principal ex visitador (de Álvarez Icaza) peleando los derechos de las víctimas", refiriéndose a Mario Patrón, quien asumió la dirección del Centro Agustín Prodh.

Wallace hizo un llamado al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y a las demás autoridades para que dejen de estar utilizando el caso Iguala como una "bandera política", porque este asunto no tiene nada que ver con el delito de desaparición forzada, sino el de secuestro.

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