Sanciona EU a 3 abogados mexicanos ligados a 'narcos'

El Departamento del Tesoro congeló los bienes en EU de tres abogados de Guadalajara, por sus presuntos vínculos con Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, alias "El Azul".

Washington

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones económicas contra tres abogados mexicanos vinculados a una compañía propiedad de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, alias "El Azul".

Indicó que los abogados de Guadalajara, José Aviña Bribiesca, Ignacio González Hernández y Janette Iliana González Linares actuaron a nombre de Juvencio Ignacio González Parada, asesor durante muchos años del exlíder del cártel de Guadalajara y del fundador del cártel de Sinaloa.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en Estados Unidos de los designados o de aquellos bienes controlados por estadunidenses, así como la prohibición a ciudadanos de este país a realizar transacciones con los tres abogados.

"La designación de hoy fue tomada en coordinación cercana con la DEA (la agencia antidrogas) y con autoridades mexicanas y es parte de una esfuerzo mayor para sancionar organizaciones mexicanas del tráfico de drogas", indicó un comunicado de la dependencia.

Apuntó que González Parada sobornó y ayudó a administrar activos y propiedades obtenidas de manera ilícita por ambos capos.

González Hernández y Aviña Bribiesca, hijo y yerno respectivamente de González Parada, así como González Linares administraban propiedades de los narcotraficantes y tenían puestos oficiales en la compañía de bienes raíces Bona-Habitat, también sujeta a sanciones.

El Departamento del Tesoro recordó que ambos narcotraficantes son prófugos de la justicia y tienen cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

Apuntó que Caro Quintero es buscado también por acusaciones de secuestro, tortura y asesinato del ex agente de la DEA Enrique Camarena.

Las penalidades por violar la ley estadunidese van desde cargos civiles hasta multas de más de un millón de dólares.

Para empleados corporativos el castigo podría ir desde 30 años de prisión hasta multas por cinco millones de dólares, mientras las empresas pueden ser multadas hasta por 10 millones de dólares.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o encausamiento de Caro Quintero y Esparragoza.