Un tribunal federal declaró infundadas las quejas del subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, Ernesto Canales, quien aseguró que la juez federal, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, actuó de forma parcial en varios juicios, entre ellos, el ex del gobernador de esa entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, a quien le otorgó un amparo para enfrentar su proceso penal en libertad.
El pronunciamiento del tribunal derivó de la queja que presentó Canales ante el Consejo de la Judicatura Federal y una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República con el propósito de que se sancionara a la juez.
El subprocurador manifestó que la juez usó un criterio distinto al habitual para que Medina saliera de prisión, en el juicio que se le sigue por entregar apoyos, supuestamente ilegales, por 3 mil millones de pesos a la automotriz KIA.
Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito determinó infundado el planteamiento de pérdida de imparcialidad en ocho recusaciones y una más fue declarada sin materia.
Los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito resolvieron que es infundada la recusación antes mencionada, en razón de que la jueza informó que hasta el momento su imparcialidad no está afectada.
De acuerdo con la ley, cuando un juez recusado niegue que su imparcialidad está afectada con motivo de una imputación en su contra, la parte que lo señala debe probar lo contrario con datos objetivos, a fin de evitar que los justiciables con base en ese tipo de acusaciones elijan a capricho al juez que resolverá sus pretensiones y con ello desnaturalicen la razón de ser de los impedimentos, excusas y recusaciones, creados para salvaguardar dicho principio contenido en el artículo 17 constitucional.
Los asuntos que reclamó Canales están relacionados con una serie de procesos penales iniciados con motivo de investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, en contra de ex funcionarios públicos de alto nivel de la anterior administración, los cuales han promovido amparo contra actos de las autoridades judiciales que llevan el trámite de dichas causas penales.
En uno de los mencionados juicios de amparo se tomó una decisión que desde el punto de vista de Canales, es irregular al propiciar la libertad de Medina de la Cruz.
Por ese motivo presentó queja y denuncia contra la juez de Distrito que lleva el trámite de los juicios de amparo de los ex funcionarios públicos.
jbh
