Riqueza ilícita, principal delito en el Poder Judicial

Se presume que se enriquecieron a través del otorgamiento de medidas cautelares que evitaron el cierre de casinos; otros permitieron importación indebida de autos chocolate.

México

El enriquecimiento ilícito es el delito más grave que ha detectado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entre jueces, magistrados y secretarios que han sido separados del cargo y denunciados en la Procuraduría General de la República en los últimos cuatro años.

En ese periodo, el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados, solo interpuso una denuncia por delincuencia organizada y fue contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario en materia penal en el DF, quien atendió casos como el del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Ante el Ministerio Público federal el consejo llevó el caso de dos magistrados, cuatro jueces y cinco ex secretarios, que presuntamente se enriquecieron a través del otorgamiento de medidas cautelares que evitaron el cierre de casinos en el norte del país.

Otros permitieron la importación indebida de autos chocolate y todavía se encuentran bajo indagatoria administrativa.

Desde 2011, el CJF puso en marcha medidas para vigilar la situación financiera de su personal e impedir este tipo de delitos; incluso, en julio de ese año estableció un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Actualmente hay investigaciones administrativas que mantienen suspendidos a algunos servidores.

El órgano también se ha encontrado con la falta de profesionalismo, dilación en el proceso y en la resolución, notoria ineptitud, abandono de funciones, hostigamiento sexual y hostigamiento laboral, problemas que no son exclusivos de los impartidores de justicia, sino de personal que realiza otras funciones.

LOS CASOS

El mayor número de casos negativos se documentó en mayo de 2014. Se denunció al juez Armando Jerezano y a su secretario, Gerardo Tiscareño, ambos del juzgado primero del centro auxiliar de la décima región, en Saltillo, Coahuila.

Fueron señalados probables responsables de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dinero que, se presume, tuvo su origen en los fallos que favorecieron a empresas permisionarias de juegos y sorteos.

También se denunció al juez Ricardo Hiram Barbosa y a sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio, Alejandro Tovar y Eusebia González. Todos pertenecen al juzgado tercero de distrito en materia administrativa de Nuevo León. Se les detectaron depósitos y movimientos bancarios que no corresponden con lo que percibieron de sueldo.

Presuntamente favorecieron a las empresas Entretenimiento de México SA de CV, Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV y las Cervezas Modelo de Nuevo León, SA de CV.

También en mayo, el órgano denunció en PGR a los magistrados Eduardo Ochoa (del tercer tribunal colegiado en materia civil, en Monterrey), José Manuel Rodríguez (del primer tribunal colegiado en materias penal y del trabajo, en Tamaulipas) y el juez Javier Rubén Lozano (del juzgado segundo en materia administrativa, en Monterrey), así como a Mario Alberto Prado, ex secretario técnico del consejero de la Judicatura, Daniel Cabeza de Vaca.

Se cree que con sus sentencias ayudaron a Juan José Rojas Cardona, El zar de los casinos.

En junio se ordenó suspender a Daniel José González y a Ricardo Arreola, ex titular y secretario del juzgado segundo de distrito en Baja California, respectivamente, quienes supuestamente concedieron suspensiones que permitieron el ingreso a México de autos usados. Contra ellos hay una investigación administrativa.

Ese mismo mes se denunció ante la PGR al juez Álvaro Tovilla, quien en 2004 pidió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Se concluyó que con la presunta anuencia, tolerancia y colaboración de Tovilla se cometieron delitos que derivaron en el juicio de su ex secretario Esiquio Martínez, a quien se le detectaron cuentas bancarias por más de 432 millones de pesos en 2011.

En noviembre fueron suspendidos un juez, un magistrado y cinco secretarios por irregularidades en su actuación, ya que se presume otorgaron amparos que permitieron la importación de autos usados. Los servidores públicos estaban adscritos a Guerrero y Baja California.

En diciembre se suspendió temporalmente al juez de distrito Alfonso Javier Flores, quien entre otros casos amparó al ex secretario de Finanzas de Tabasco José Manuel Saiz y resolvió asuntos de extinción de dominio.

El CJF descubrió viajes al extranjero, sin solicitar licencia, contraprestaciones distintas a sus ingresos, con lo que adquirió bienes inmuebles, y faltó a la verdad en su declaración patrimonial.



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