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Miércoles , 21.11.2018 / 10:49 Hoy

Renato Sales: ‘El 85’, libre por errores y deficiencias oficiales

El juez subraya que la PGR no pudo sustentar los dichos del testigo colaborador de nombre clave ‘Wicho’, quien afirmó que conoció al capo en 2004, en una reunión en Gómez Palacio, Durango.

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En casi un año y medio, líderes y operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación han abandonado la prisión por “deficiencias” e “inconsistencias” en que incurrieron las autoridades aprehensoras.

MILENIO pudo ver las sentencias judiciales, decisiones que han causado polémica, pero que enumeran una serie de “errores” cometidos por las autoridades que participaron en la captura de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Érick Valencia Salazar, El 85, y de Julio Alberto Rodríguez Castillo, quienes fueron absueltos.

Cuestionado sobre este tema, Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, reconoció que estas liberaciones estuvieron sustentadas “en análisis judiciales vinculados sobre la forma de la detención”.

Por ejemplo, el comisionado se refirió al caso de Valencia Salazar, el cual data de 2012; el sospecho fue identificado como el líder de Los Matazetas y fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien dejó el penal del Altiplano, en el Estado de México, horas después del 29 de diciembre de 2017.

“¿Qué estamos haciendo actualmente? Hemos capacitado a la Policía Federal, y la propia Policía Federal ha capacitado a capacitadores, entre otras cosas, conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para proceder a la detención con apego a estándares internacionales; esto es, se lee la cartilla de derechos de la persona detenida, se respetan en todo momento los derechos, justamente para evitar, posterior a la detención, acontezcan situaciones de esta índole (como la liberación de estas personas)”, respondió Sales a la pregunta de MILENIO.

Denuncia anónima

En el parte del 9 de marzo de 2012, el personal militar afirmó que recibieron una “denuncia anónima” que los alertó del arribó de vehículos con sujetos armados en un inmueble de Zapopan, Jalisco, y que en ese lugar se encontraba Érick Valencia.

Los militares relataron que llegaron a las 13 horas al sitio y que los delincuentes comenzaron a disparar; algunos pistoleros huyeron en dos vehículos, mientras que otros ingresaron al inmueble para ocultarse.

Los soldados entraron a la casa y se desató un enfrentamiento, donde los malhechores lanzaron granadas de fragmentación. Como resultado de los hechos, al detenido, apodado El 85 tuvieron que amputarle cuatro dedos. El capo alegó que tras ser detenido lo torturaron. En el domicilio se encontró un arsenal. Junto con Valencia Salazar, fueron capturadas dos personas más.

Durante el desarrollo del juicio, un tribunal colegiado detectó irregularidades que debían ser subsanadas por el juez tercero de distrito de procesos penales en Jalisco; la revisión derivó en la absolución de Valencia por los delitos de delincuencia organizada, posesión y portación de armas de fuego y acopio de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En el fallo, el juez subraya que la PGR no pudo sustentar los dichos del testigo colaborador de nombre clave Wicho, quien afirmó que conoció a El 85 en 2004, en una reunión en Gómez Palacio, Durango.

“Cabe destacar que tal declaración resulta insuficiente en lo que respecta a probar, de manera plena y fehaciente, la pertenencia del acusado, a la organización delictiva, pues si bien se pone de manifiesto que dijo reconocer al nombrado como miembro de dicho grupo criminal, lo cierto es, que dicho deposado, por sí solo, no es útil para demostrar de manera fehaciente la vinculación del activo con el grupo criminal en comentario y, menos aún, que estaba organizado jerárquicamente para cometer, de manera permanente y reiterada, delitos contra la salud. Se trata de un testimonio singular y aislado, que no se encuentra corroborado con medio de convicción idóneo”, indica la sentencia.

Cadena de custodia

“La teoría planteada por la parte acusadora se basa esencialmente en el testimonio de los elementos del Ejército; no obstante, de las constancias de autos se desprenden indicios derivados de las pruebas de descargo que revelan la falta de fiabilidad de dichos deposados...

“En primer lugar, se estima oportuno acotar que en el presente asunto no se respetó la garantía de debido proceso que trascendió en perjuicio de los acusados al no haberse realizado correctamente el registro de cadena de custodia respecto del material bélico”. Ante el juez, los militares reconocieron que no saben qué es la cadena de custodia y que solo recibieron órdenes de su superior jerárquico de transportar las armas aseguradas a Ciudad de México.

En entredicho la versión

“Además de lo anterior, debe decirse que en el caso que nos ocupa, también se actualiza la duda razonable en lo tocante a la forma en que refieren los elementos aprehensores realizaron la detención de los activos, situación que igualmente repercute en la falta de fiabilidad de las pruebas de cargo que sustentan la acusación de la fiscalía”.

Cuatro testigos, de los cuales se comprobó que no fueron presionados o sobornados, ofrecieron una versión distinta a la del Ejército, en el sentido de que no había delincuentes armados afuera del domicilio, ni mucho menos vehículos con personas armadas.

“Las manifestaciones asentadas en el oficio de puesta a disposición de suscrito y ratificado por elementos del Ejército, cuyo contenido se estima innecesario reiterar en este apartado en obvio de repeticiones estériles, resultan insuficientes para crear convicción plena, y por ende, no pueden ser el sustento de la acusación porque existen razones fundadas que las controvierten al grado de demeritar la credibilidad de la información en relación con las circunstancias que afirmaron los enjuiciados en relación a tales eventos.

“De lo antes ponderado se obtiene que los aprehensores incurren también en diversas inconsistencias en cuanto a las actividades que realizaron después de la detención de los imputados.

“Situaciones anteriores que innegablemente afectan la probidad de los deponentes y evidencia la falta de fiabilidad con que se condujeron al narrar lo hechos materia de la presente causa penal, máxime que en ninguna de las diligencias en que tuvieron intervención ante este juzgado dieron explicación convincente del motivo de sus modificaciones destacadas en párrafos precedentes; por lo que, se reitera, lo expuesto por éstos no merece crédito alguno, pues es bien sabido que de acuerdo a las reglas que regulan la apreciación de la prueba, quien miente sobre un punto es capaz de faltar a la verdad en otros”, enfatiza la sentencia.

Más casos

Sergio Kurt Schmidt Sandoval, fue señalado como uno de los 122 objetivos prioritarios y de ser principal operador financiero del cártel. Obtuvo su libertad en agosto de 2017, después de que el quinto tribunal unitario detectó irregularidades en el procedimiento, lo que propició que Daniel Ramírez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, tuviera que emitir un nuevo pronunciamiento, que culminó con una absolución.

Sandoval fue capturado el 19 de agosto de 2016, tras un cateo en un inmueble de Jalisco. El fiscal a cargo del operativo nombró a dos testigos para dar fe de la diligencia, al detenido se le consultó si quería nombrar a dos testigos diferentes a los de la fiscalía. El sospechoso pidió que fueran su esposa e hijo.

Después de que se le vinculó a proceso, Schmidt apeló y su defensa pudo demostrar que los policías que sirvieron de testigos en la diligencia no firmaron el acta ni acompañaron al fiscal en la revisión del domicilio. Por esta deficiencia procesal, quedó absuelto de los delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

Por irregularidades en el debido proceso, fue absuelto y liberado el 29 de diciembre de 2017, Julio Alberto Rodríguez Castillo, yerno de Nemesio Oseguera, El Mencho, actual líder del cártel de Jalisco.

Rodríguez había sido sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada, posesión de cartuchos, acopio y portación de armas. El fallo fue emitido por el juzgado primero de distrito de procesos penales en el Estado de México.

Sin embargo, en la apelación, el sexto tribunal unitario en materia penal del Edomex, detectó que la Policía Federal Ministerial de la PGR, lo detuvo ilegalmente el 23 de junio de 2015, en Zapopan.

Rodríguez Castillo es hijo de José Luis Gutiérrez, Don Chelo, quien controlaba el penal local de Puente Grande, y que dejó la prisión el pasado 24 de noviembre, tras compurgar una sentencia de más de siete años. Días después fue abatido en un enfrentamiento con la Marina.

El tribunal colegiado descubrió inconsistencias en la captura. La detención según los uniformados, derivó de una llamada anónima, en la que se advirtió de vehículos con personas armadas; siguieron a dos autos, uno de los cuales logró escapar, y en el otro atraparon a Rodríguez.

No obstante, se pudo demostrar con base a declaraciones de vecinos que los policías ingresaron a la casa de Rodríguez sin orden de cateo, lo golpearon y tardaron ocho horas en presentarlo ante el juez. Además, a su defensa no se le notificó de la realización de las audiencias.

El tribunal detalló en su sentencia que existió una detención arbitraria prolongada, posibles actos de tortura, violaciones al debido proceso y que la investigación está mal integrada y que hay pruebas ilícitas.

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