Desaparición forzada ya es un delito en Querétaro

La legislación que entró en vigor este lunes tras ser publicada en el diario oficial, contempla hasta 45 años de prisión para aquellos que cometan este delito.
Los plagiarios transportaban a su víctima en el piso de este vehículo, el cual fue asegurado por las autoridades.
Querétaro contempla como delitos la desaparición de personas por particulares y la desaparición forzada. (Especial)

Querétaro

Querétaro se convirtió en la primera entidad del país que reconoce la existencia del delito de "desaparición de personas por particulares" que contempla una pena de 12 a 40 años de prisión, mientras que en el caso de la "forzada" existe un castigo de 15 a 45 años; en ambos casos los presuntos responsables no tendrán derecho a libertad bajo caución.

La legislación que entró en vigor tras su publicación en el diario oficial "La Sombra de Arteaga", establece protección a mujeres embarazadas con sus productos, los cuales en caso de homicidio se cataloga como dos personas.

La Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro, que fue aprobada en la víspera tras varios meses de trabajo en la Legislatura local, establece que en el caso de la "desaparición forzada", la pena será de 15 a 45 años de prisión; mientras que en el caso de la desaparición realizada por particulares, los responsables obtendrán una pena de 12 a 40 años de cárcel.

La desaparición entre particulares establece que es cometido por aquel que "sin la autorización, apoyo o aquiescencia de servidores públicos, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona".

De igual manera, que la "desaparición forzada", es aquella cometida por agentes del Estado o, con la anuencia de éstos, mientras que el "secuestro" es la privación de la libertad realizada con el fin de obtener un lucro con la entrega de la víctima.

Establece un aumento de sanción hasta en una mitad, si la víctima de desaparición fue sometida a violación sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones.

De igual manera contempla este incremento en caso de que la víctima sufra de discapacidad, sea migrante, indígena o mujer embarazada.

Este último caso, establece un apartado diverso, pues pone en calidad de víctima no solo a la mujer sino al producto en gestación.

"En este caso se recibirá una segunda pena de 15 a 45 años de prisión, cuando oculte o no entregue al infante que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, o cuando sepa el paradero o destino final del bebé y no aporte dicha información a las autoridades".

Mientras que en el caso de desaparición forzada, se contemplará como grave y una sanción aumentada en un 50%, cuando ésta sea practicada por un superior jerárquico dentro de la estructura del Estado, empleando para ello la colaboración de subordinados; así como cuando el delito haya sido cometido por más de una persona; cuando la desaparición busque "ocultar o asegurar la impunidad de otro delito", o bien, cuando la desaparición sea "parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".