El Colegio de Abogados del Valle de México sostuvo que México es un país de origen, destino y tránsito para la comisión del delito de trata de personas, además de lenocinio y existe un número creciente día a día, de víctimas, entre las cuales la población más vulnerable son los niños, niñas y mujeres, debido a que autoridades de justicia no cuentan con grupos de inteligencia para investigar y detectar la creciente participación de grupos del crimen organizado en estas actividades ilícitas que deja ingresos millonarios, pese al cúmulo de leyes que no se aplican.
La prostitución es ilegal en el Estado de México, donde puede sancionarse de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México.
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Para Joaquín Rodríguez Lugo y Martín González Carmona, presidente e integrante del Colegio de Abogados del Valle de México, coinciden que autoridades de justicia y la policía se apoya a veces en esta prohibición para no investigar los abusos contra ellas. Ésta se niega a registrar las denuncias de las chicas sobre las agresiones a las que las someten los clientes, y con frecuencia les abren un expediente por prostitución, en lugar de investigar más a fondo.
Las agresiones, las extorsiones y amenazas de revelar su actividad a sus familias son moneda corriente, lamentaron los abogados.
Muchas mujeres viven de la prostitución, pocas en la calle; la mayoría la ejercen en salas clandestinas, como departamentos compartidos, o en los denominados giros rojos, locales ilegales a menudo bajo la protección de policías corruptos.
Promueven su actividad con pequeños anuncios en muros de edificios, paradas de autobuses y en otros lugares. Prometen pasar un buen rato.
En teoría, los proxenetas se exponen a hasta cumplir sentencias de dos a seis años y de quinientos a mil días multa, pero pocas veces se concreta la sanción ante la dificultad de trazar el dinero de los servicios de las prostitutas.
La situación se repite para quien administre, sostenga, supervise o financie directa o indirectamente prostíbulos, casas de citas u otros lugares, sancionadas estas conductas con una pena dos a cinco años de prisión y de mil a dos mil días multas.
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Ambos abogados documentaron con respecto al tráfico de personas, que este ilícito después del narcotráfico, generó ingresos adicionales, por más de 42 mil millones de dólares, en los últimos cinco años en el Estado de México, con base en cálculos elaborados por la ONU, organismo que identificó la operación de 47 grupos criminales en la entidad mexiquense.
Rodríguez Lugo, sostuvo que México es un país de origen, destino y tránsito para la comisión de ese delito y existe un número creciente día a día, de víctimas, entre las cuales la población más vulnerable son los niños, niñas y mujeres.
Resaltó que no se cuentan con cifras y datos exactos, dada la complejidad del delito, ocasionados por la falta de grupos de inteligencia para la persecución de este delito.
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), informó que en 2013 se inició una agresiva campaña permanente en contra de lugares ilegales, arrojando como resultado el cierre de mil 500 giros rojos clandestinos, considerados como detonadores de delitos.
MCLV
