Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y la Marina, Vidal Soberón, instaron al Congreso de la Unión a expedir una Ley de Seguridad Interior que bajo ninguna circunstancia atribuya funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas ni considere la sustitución de autoridades civiles por militares en el combate a la delincuencia.
Durante un encuentro a puerta cerrada con diputados y senadores, los altos mandos militares remarcaron la necesidad de que el nuevo marco jurídico haga una clara y puntual diferencia entre los conceptos de seguridad pública y seguridad interior para evitar confusiones.
En las instalaciones centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Cienfuegos y Soberón entregaron a los legisladores el documento “Perspectiva general de la seguridad nacional en la legislación mexicana, y su especie la seguridad interior, y el posible contenido de una ley en la materia”.
Destacan en dicha presentación los tres puntos que a juicio del Ejército y la Marina “no debe contener” el nuevo marco jurídico: 1) Sustitución de autoridades. 2) Confundir seguridad pública con seguridad interior. 3) Funciones de seguridad pública para las fuerzas armadas.
Coincidieron en que los “elementos mínimos” de la Ley de Seguridad Interior deben ser la función de Estado e involucrar a todas las autoridades bajo principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y “gradualidad”.
Ello, mediante un procedimiento en el que se identifique a las autoridades “intervinientes” y a la coordinadora; las acciones a desarrollar, el área geográfica, la duración, la rendición de cuentas y la forma de intervención de las fuerzas armadas como tales.
Los mandos castrenses señalaron también que “no se coincide” con las iniciativas presentadas hasta hoy en aspectos como la regulación exclusiva de las fuerzas armadas; la asignación de funciones de seguridad pública a éstas, así como la “mezcla” de seguridad pública con seguridad interior.
Las coincidencias de los militares con las propuestas de los senadores Roberto Gil y Miguel Barbosa, así como de los diputados César Camacho y Martha Tamayo están centradas en la seguridad interior como función del Estado; intervención de todas las autoridades; principios de actuación; procedimiento expedito; límites a la autoridad; valoración a la situación actual (apoyos a las entidades); así como establecer compromisos y obligaciones para la autoridad.
URGEN A LEGISLAR
En su conversación con los integrantes de las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y el Senado, Cienfuegos y Soberón urgieron a legislar el marco jurídico para la participación de las fuerzas armadas en seguridad.
Secretarios y legisladores coincidieron en retirar progresivamente a los militares de funciones policiales.
El coordinador del PRI en el Palacio de San Lázaro, César Camacho, y el diputado panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, anticiparon incluso la intención de establecer un plazo para que estados y municipios asuman sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las tropas regresen a sus cuarteles.
“En el propio proyecto de ley se establece que la presencia de las Fuerzas Armadas no puede ser en todas partes y todo el tiempo; se tiene que determinar cuándo, por cuánto tiempo, en dónde y en qué condiciones, de modo que esto no puede ser una zona de confort de nadie, sino que cada quien cumpla con sus obligaciones”, puntualizó Camacho.
Ramos remarcó que la reforma en materia de seguridad interior establece el retiro progresivo y programado de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
“Se establece también que primero debe agotarse el esfuerzo de la policía municipal, de las policías estatales y de las policías federales para no caer en la comodidad en que muchos alcaldes y muchos gobernadores están, reposando prácticamente una responsabilidad que es de seguridad pública, no de seguridad nacional ni de seguridad interior, en manos de militares y marinos”, dijo.
En un comunicado conjunto las secretarías de la Defensa y Marina informaron que el encuentro fue para “dilucidar los alcances que tendría un ordenamiento de esta naturaleza (Ley de Seguridad Interior), fortaleciendo el proceso legislativo que instrumenta el Congreso de la Unión”.
LA CNDH ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA MARINA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su primera recomendación del año, que fue dirigida al titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal, detención arbitraria, retención y tortura contra un hombre, en Culiacán, Sinaloa, quien finalmente fue absuelto.
El 14 de noviembre de 2014, elementos del Ejército y la Marina irrumpieron, sin mandamiento judicial, en el domicilio de la víctima, la golpearon y amenazaron para que les indicara “dónde estaban los demás”.
Agredieron a su esposa y sacaron a sus hijos, mientras al detenido se lo llevaron en una camioneta blanca. Le mostraron fotografías para que les dijera en dónde vivían las personas retratadas. Al no proporcionarles la información, lo trasladaron a una casa donde lo torturaron.
En sus investigaciones, la CNDH acreditó que en estos hechos no participó personal del Ejército.
Por ello solicitó al secretario de Marina la reparación integral del daño al agraviado, su esposa y sus tres hijos, que incluya atención médica y psicológica, así como colaborar en la averiguación de la PGR.
Con información de: Eugenia Jiménez/México.
