Formal prisión a tres policías por extorsión a migrantes en Chiapas

La procuraduría del estado informó que los uniformados exigieron 30 mil pesos a cada uno de los ilegales para dejarlos continuar su camino.

Chiapas

El titular del juzgado primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula dictó auto de formal prisión en contra de tres ex policías que en servicio activo extorsionaron a 11 migrantes salvadoreños, entre estos cuatro menores de edad.

La Procuraduría de Justicia estatal precisó que los procesados son Edgar Méndez Barrios de 38 años de edad; Valentín Cifuentes Pérez de 43 años; y Juan Carlos Cano de la Cruz de 38 años, cuyo expediente penal es el 719/2014.

"De acuerdo a las investigaciones, momentos antes de su detención los sujetos que viajaban a bordo de la patrulla con número 346 de la Policía Municipal (de Tapachula), exigieron la cantidad de 30 mil pesos a cada uno de los migrantes para dejarlos continuar su camino", citó la dependencia estatal.

Los migrantes se encontraban retenidos en el Hotel Palafox de la ciudad fronteriza citada, mismos que fueron rescatados por elementos de la PGJ, según el parte oficial.

Actualmente, los imputados se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 3, desde donde enfrentan el proceso penal en su contra, añadió la Procuraduría.

Acusan a fiscal de amenazas

Por su parte, María Gutiérrez Molina, ama de casa residente en la colonia 4 de Junio en Tuxtla Gutiérrez, denunció las presuntas amenazas de secuestro y muerte por parte del fiscal especializado de Visitaduría Juan Becerra Martínez y esposa.

En conferencia de prensa, Gutiérrez explicó que es propietaria de tres perros, de los que uno tiene el hábito de salir a la calle, lo que su sola vista causa incomodidad a la esposa del fiscal (quien también trabaja en la Procuraduría de Justicia del estado) al pasar cerca de su domicilio, según dijo la denunciante.

Precisó que el blanco de las amenazas inicialmente fueron los perros, ya que la mujer le amenazó con envenenar a los animales, para posteriormente asegurar que toda la familia iba a morir junto con los canes.

María Gutiérrez intentó dialogar con Juan Becerra para que cesaran las amenazas, sin embargo, estás subieron de tono con el fiscal especializado, quien a modo de advertencia le respondió que todos los días había secuestros y detenciones, que cuidara a su familia y que se fuera a su casa.

Durante otras discusiones en los que Gutiérrez debió llamar al servicio 066 delante del funcionario por la violencia del fiscal, éste le aseguró que se encargaría que no llegara nadie.

Gutiérrez Molina teme por su seguridad y, especialmente, la de su hijo adolescente ante la posibilidad de que el funcionario cumpla sus amenazas “sembrándole” droga, involucrándolo en algún delito, secuestrándolo e, incluso, atentar contra su vida.

Se intentó obtener la respuesta del fiscal, sin embargo, la Procuraduría estatal precisó que no existe posición oficial al respecto.

Becerra Martínez fue denunciado en 2009 por el acoso sexual en contra de dos jóvenes trabajadoras de la Procuraduría de Justicia, quienes fueron removidas de sus áreas sin que cesaran las amenazas del fiscal.