Detienen a 4 policías del Edomex por caso Tlatlaya

La Procuraduría del Estado de México informó que se ejercitó acción penal contra 7 policías. Se determinó que los agentes maltrataron física y psicológicamente a tres de las víctimas.

Edomex

La Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal contra siete policías ministeriales por su probable responsabilidad en el delito de tortura.

Cuatro de éstas ya fueron cumplimentadas por la balacera ocurrida en el municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, donde resultaron muertas 22 personas presuntamente por responsabilidad del Ejército.

Con base en la información proporcionada por la fiscalía, las investigaciones realizadas hasta el momento desprenden pruebas suficientes para establecer que los policías ministeriales maltrataron física y psicológicamente a las tres víctimas con la finalidad de "obtener información sobre los 22 muertos y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

El juez de control del distrito judicial de Toluca concedió las órdenes de aprehensión, y derivado de ello cuatro policías ministeriales fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde determinarán su situación legal.

Por los tres elementos restantes, la orden está en proceso de ser otorgada por la autoridad judicial.

En dichas diligencias, las víctimas reconocieron a los servidores públicos señalados como probables responsables de tortura y maltrato. Estas indagatorias derivaron de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la cual comparecieron ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 40 empleados del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales.

Con respecto al probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, la dependencia señaló que hasta el momento la investigación no arrojó elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos.

Lo anterior, pues el personal de la PGJEM llegó al lugar de los hechos tras organizar equipos de trabajo "capaces" de atender un hecho de "tales magnitudes" y reunieron peritos, policías ministeriales, así como ministerios públicos de Toluca, Valle de Bravo y Tejupilco. Influyó también la distancia del lugar.

Además de las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona, "los reportes del Ejército señalaban el riesgo de posibles emboscadas de grupos armados en la región derivado de lo sinuoso y complejo de los caminos de acceso".

Destacó que "el personal ministerial procesó el lugar de los hechos tal y como fue encontrado una vez que arribó al sitio".

La PGJEM explicó que tuvo a su cargo la indagatoria por un espacio no mayor a 72 horas, actuando en auxilio del Ministerio Público de la federación, y posteriormente quedó en manos de la PGR.