Hay pobladores con armas en 65% de Guerrero

Hay entre 13 y 20 grupos, admite el gobierno estatal. “Todos los restaurantes y negocios están agradecidos con nosotros”, comenta un comunitario de Mezcala.

A la par de la incontenible violencia en Guerrero, se han multiplicado los grupos de civiles armados en la entidad. El gobierno del estado admite la existencia de entre 13 y 20 organizaciones armadas con supuestas funciones de seguridad, que abarcan 65 por ciento del territorio guerrerense.

 Lo no queda claro todavía es cuántos de estos movimientos han sido penetrados ya por grupos de narcos, cuáles son genuinos movimientos ciudadanos y cuáles responden a los intereses de bandas criminales.

Pero el caso es que son entre 13 y 20 grupos…

“Es un número elástico”, dice en entrevista el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, la PGR, la Policía Federal y el gobierno del estado. Cuestionado por MILENIO, Roberto Álvarez considera que el fenómeno de las comunitarias es una “bomba de tiempo”. Y por eso adelanta una estrategia para acotarlo.

“No tienen controles ni certificación, no son evaluados ni capacitados para cumplir esa función. Eso los hace propensos a estar ligados con grupos delictivos. De hecho, se están peleando el territorio, algo muy cercano a lo que ocurre con los criminales”, apuntó el vocero.

La estrategia gubernamental incluiría el eventual desarme de algunos grupos. Sin embargo, esto no será posible sin la reconstrucción de las 81 policías municipales en Guerrero, un estado donde —según las últimas cifras del Inegi— la tasa de homicidios es 3.5 veces superior a la media nacional, con 71 homicidios por cada 100 mil habitantes...

El más reciente brote

La inseguridad sigue siendo la justificación para que comunidades enteras se levanten en armas. El caso más reciente ocurrió a finales de mayo en el municipio de Eduardo Neri, donde las extorsiones y robos habían crecido sin control.

“Pedían derecho de piso, empezaron con 20 mil. Como no los tenía, decían que mínimo 10 mil y de ahí no se bajaban. Se puso pesado, venían a meterse sin permiso”, relata a MILENIO una comerciante.

A unos metros de su local se ubica uno de los retenes instalados por los nuevos comunitarios. Con armas y radios en mano, cubriéndose el rostro con paliacates o prendas de vestir, los hombres vigilan el ingreso de vehículos a esta importante zona minera, cuya riqueza se convirtió en una maldición.

Aquí, a 70 kilómetros de la capital, Chilpancingo, se encuentra la mina Los Filos, operada por la compañía canadiense Leagold Mining. En esta franja, conocida como “el cinturón de oro” del río Mezcala, el crimen organizado se disputaba las ganancias de la industria minera y el control de las rutas de trasiego.

“Todos los restaurantes y negocios están agradecidos con nosotros. Las personas que pasan nos dan las gracias porque antes a cada rato les quitaban los carros”, dice uno de los comunitarios.

En coordinación con los habitantes de diez comunidades de la franja minera, incluyendo a Carrizalillo y Mezcala, los integrantes de los guardias civiles trabajan en turnos de 24 horas y financian su movimiento —aseguran— con aportaciones voluntarias. A tres meses de su creación, ya presumen algunas detenciones y una relación cordial con las fuerzas del Estado.

“La verdad tenemos buena comunicación con los militares y el día que necesitemos el apoyo del gobierno, lo vamos a tener. Somos gente del pueblo, personas de bien y el que nada debe, nada teme”, jura uno de los voluntarios.

Pero los comunitarios de Eduardo Neri no bajan la guardia. Temen que los criminales regresen en cualquier momento y con más fuerza que antes. “Ahorita se calmaron las cosas, pero veo que andan buscando la manera de volverse a meter”, comenta uno de ellos.

Unos por otros

Las Policías Comunitarias en Guerrero surgieron hace casi 22 años, con la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuya presencia en ciertas poblaciones rurales es permitida por la ley estatal 701, de “derechos y cultura de las comunidades indígenas”.

Con el paso del tiempo, la CRAC se dividió y surgieron otros grupos, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero (Fusdeg), además de organizaciones muy focalizadas, como el Movimiento Adrián Castrejón en Apaxtla o la Policía Tecampanera de Teloloapan.

“Hay que distinguir: una cosa son las policías ciudadanas que se han levantado y otra cosa es la CRAC. A través del sector indígena, que ha ganado ciertos derechos, hay grupos que quieren crecer al amparo de esa ley”, explica el diputado Ociel García, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del estado.

Los legisladores guerrerenses procesan cinco iniciativas para reformar el marco legal de las comunitarias. Para Ociel García, la iniciativa enviada por el gobernador Héctor Astudillo reducirá los derechos de las policías indígenas en un intento de frenar el surgimiento de nuevas.

“Quedarán fuera del margen que tenían. Ya no servirán ni para los delitos del fuero común, incluso en el combate al robo de ganado”, precisó.

El gobierno estatal tiene dos prioridades: evitar la confrontación de ciertos grupos por el control territorial, como ocurre en Tierra Colorada, y el avance de las comunitarias en zonas urbanas, por ejemplo, en las inmediaciones de Acapulco. Ahí, en la zona conocida como Barra Vieja, la Policía Estatal y el Ejército han incrementado su presencia, obligando a la Upoeg a replegarse, incluso a abandonar su cuartel.

Por lo pronto, las policías comunitarias siguen expandiéndose en Guerrero, siguen brotando para ocupar el vacío de las corporaciones gubernamentales en un estado marcado por la violencia, o para servir a intereses de narcos. Un auténtico polvorín.