PGJ “no está queriendo” implementar protocolo de feminicidio

“No es un problema de marco legislativo; la autoridad no actúa con la debida diligencia, sino de forma omisa, lo que afecta a las mujeres”.
En 2011 se tipificó en el artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión.
En 2011 se tipificó en el artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. (Ilustración: Alfredo San Juan)

En la capital del país se abren al mes, en promedio, cinco carpetas de investigación por feminicidio, dice la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), aunque la cifra podría ser mayor, pues la omisión y negligencia de los Ministerios Públicos y de la propia procuraduría no permiten acreditar el delito.

De 2015 a abril de 2017, la PGJ reportó 116 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con la solicitud de información de Cimacnoticias. De éstas, 14 se registraron en lo que va del año, 26 ocurrieron en 2016 y 56, en 2015. 

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dice que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en la ciudad se frena en los procesos de investigación, porque las instancias se rehúsan a aplicar los protocolos desde la perspectiva de género, pierden evidencias, reclasifican los casos a homicidios, el peritaje no describe los rastros del feminicidio y en algunos casos incurren en corrupción.

En 2011 se tipificó en el artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. En junio de 2012, el OCNF y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos elaboraron el Protocolo de actuación pericial, ministerial y policial para indagar asesinatos de mujeres.

El OCNF ha denunciado reiteradamente esa falta de aplicación y seguimiento, han pedido su renovación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, a partir del caso Mariana Lima, que “todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio”.

El caso de Lesvy Berlín Osorio, joven de 22 años asesinada y encontrada en la madrugada del 3 mayo en la UNAM, indica la experta, es una expresión más de la actuación de la PGJ al atender e investigar esos casos.

PGJ, FALLAS

Entre las irregularidades que repite la procuraduría, dice el coordinador general de Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Martínez, está lo sucedido con Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la UNAM, asesinada en un hotel de Azcapotzalco el 11 de junio de 2012.

Ese día ella regresó del gimnasio y pidió permiso para salir con un conocido que fue a buscarla. No regresó. Su familia presentó una denuncia por desaparición, y al día siguiente se enteraron de que fue asesinada.

Pese a que su cuerpo estaba desnudo y expuesto en un lugar público, su caso no fue referido a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, sino a la Fiscalía Antisecuestros.

El agresor fue procesado por homicidio, no por feminicidio, recuerda Rodolfo Domínguez, coadyuvante del caso, porque “no cumplía con una de las cinco razones de género establecidas en el tipo penal”, pues “no había signos de violencia en la zona genital”. La sentencia fue de solo 35 años de cárcel.

“El problema es que la autoridad no está queriendo implementar el protocolo, no es un problema de marco legislativo, es de cómo las autoridades están actuando, no actúan con la debida diligencia, sino de forma omisa, lo cual afecta a las mujeres”, asevera el abogado.

Luz Estrada dice que estas sentencias demuestran criterios mal aplicados por los jueces, “solo es necesario acreditar una de las cinco  circunstancias del tipo penal para continuar con la investigación como feminicidio”.

Esto es: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; conocer si fue víctima de acoso, amenazas, violencia o lesiones por parte del sujeto activo; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

La procuraduría informa que de 2011 a abril de 2017 se han puesto a disposición del MP a 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado solo 77 sentencias por feminicidio.

PGJ EXPUESTA

Luz Estrada recuerda que en casos mediáticos se evidencia el sistema de justicia local, como ocurrió en noviembre de 2014 con el asesinato de Angélica Trinidad Romero, en una tienda departamental de Liverpool.

Primero las autoridades dijeron que la muerte fue por asfixia por comida, hasta que los familiares revelaron que presentaba golpes y señales de atadura en las muñecas. Cuando el caso fue referido a la Agencia de Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, “ya se había perdido todo el material probatorio”, indica Estrada. 

No es novedad, dice la especialista; “mucho material probatorio fundamental para vincular a los posibles asesinos y acreditar el feminicidio no se resguarda”. Pasa el tiempo y se complica encarcelar a los responsables. 

REVICTIMIZACIÓN

En el caso de Lesvy, la PGJ no informó en un inicio la aplicación del protocolo, pero dio información académica y de su vida privada, lo que enfadó a capitalinas y comunidad universitaria, que marchó en el campus el pasado 5 de mayo.

No es solo aprender el protocolo, sino cambiar una concepción, cómo miras a las mujeres, cómo entiendes la violencia hacia ellas, de lo contrario, señala Estrada, pasa lo que con Lesvy: se dan prácticas discriminatorias contra las víctimas.

La directora del OCNF recuerda otro caso: en diciembre de 2016, Valeria del Carmen Reyes, de 24 años, y su amiga, Alma Josefina Huerta, de 29, fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos hallados en las zonas boscosas de Milpa Alta y Xochimilco.

Presentaban golpes, signos de violencia sexual y estrangulamiento; a Valeria le introdujeron billetes en los genitales y de inmediato la PGJ dijo que “se dedicaban a dar servicios sexuales.

“Es una constante, invisibilizan a las mujeres, aparecen como narcotraficantes, vinculadas con la delincuencia, las descreditan y se olvida el proceso que debe seguir una investigación”, refiere Estrada.

Estrada y Domínguez coinciden en que mientras las instituciones se nieguen a aplicar la ley y los protocolos de actuación en los asesinatos de mujeres, la impunidad persistirá. Ante ello, una alternativa es aplicar sanciones a quien incurra en omisiones para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el derecho a la justicia de las víctimas.

Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género

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