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Miércoles , 12.12.2018 / 19:01 Hoy

De no pagar, implicados en caso de Estela de Luz serán reaprehendidos

Ocho ex funcionarios de un empresa subsidiaria de Pemex, que permitieron la construcción del monumento sin licitación, podrán ser reaprehendidos por la PGR si no pagan el monto que les corresponde por reparación del daño.
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Un tribunal federal negó un amparo a ocho personas que presuntamente permitieron que la obra de la Estela de Luz fuera contratada sin licitación durante la gestión de Felipe Calderón, quienes impugnaron la garantía que se les impuso para enfrentar su proceso en libertad.

En caso de que no paguen la garantía, la Procuraduría General de la República podrá reaprehenderlos. 

El 21 de mayo de 2013, Rubén Darío Noguera Gregoire, juez 14 de 

Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión contra 12 ex servidores públicos de la empresa III Servicios, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. 

Aunque el delito no es grave, el juzgador determinó que los implicados debían garantizar la reparación del daño para enfrentar su juicio en libertad.

En 2016, el juzgador estimó que el monto de la reparación del daño ascendía a la cantidad de mil 35 millones 880 mil pesos, la cual, debía dividirse entre los doce indiciados, por lo que a cada uno le correspondería un pago de 86 millones de pesos. 

Sin embargo, ocho de los acusados promovieron un amparo, por considerar que el monto era desproporcionado; uno de los acusados declaró percibir ingresos que van de los 8 mil a 10 mil pesos mensuales, y contar con un dependiente económico; otro aseguró ganar alrededor de cinco mil pesos mensuales y que sus padres dependían económicamente de él.

En un primer momento, el juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó la protección de la justicia a los quejosos, entre ellos, a Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico. 

El juzgado de amparo ordenó dejar sin efecto las resoluciones de 11 de octubre 2016, dictadas en la causa penal 115/2012 y emitir una nueva determinación. 

Rubén Darío basó su nueva resolución tomando en cuenta el monto del contrato de la obra, la gravedad del delito, que los implicados otorgaron un dictamen para no celebrar licitación pública; también consideró las condiciones económicas de los quejosos. 

Noguera concluyó que el parámetro para fijar el monto de la caución sería la cantidad resultante de la percepción mensual que refirieron percibir al momento de rendir su declaración preparatoria, y para los que manifestaron no contar o percibir con ingresos económicos y fijó la cantidad resultante de un mes de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de rendir su respectivas declaraciones. 

El fallo fue nuevamente combatido por los quejosos, pero el juez de amparo se negó a otorgarles la protección de la justicia. 

Ahora, su resolución fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal. 

La Estela de Luz sufrió un recorte de más de 3 mil 400 metros cuadrados respecto al proyecto concursado, pero su costo fue casi tres veces superior al previsto debido a que la empresa constructora “infló” de manera “insostenible e injustificada” el precio del acero de 122 a 261 pesos por kilogramo. 

Así lo dio a conocer en su momento la Auditoría Superior de la Federación, que acusó a la Secretaría de la Función Pública de incumplir sus responsabilidades de inspección y vigilancia en la construcción de la obra, así como en la aplicación de sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades. 

El proyecto fue subcontratado ciento por ciento, con un gasto adicional de más de 752 millones de pesos, para alcanzar un costo total de mil 146 millones. 

EB

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