Tamaulipas presenta rezago en nuevo sistema de justicia

Según un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) la entidad está por debajo de catorce estados en sus procesos de implementación.
La primera audiencia fue para resolver un homicidio culposo.
Nuevo sistema penal en Tamaulipas lleva un atraso en el proceso. (Milenio Digital)

Tampico

Según un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)

la entidad está por debajo de catorce estados en sus procesos de implementación.

En su ranking elaborado, la entidad está por debajo de catorce estados en sus procesos de implementación de esa reforma.

A menos de año y medio de que venza el plazo constitucional para operar el nuevo sistema de justicia penal decretado desde 2008, Tamaulipas presenta rezago, según un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

En su ranking elaborado, la entidad está por debajo de catorce estados en sus procesos de implementación de esa reforma.

En una valoración a octubre de 2014, el organismo estableció un estándar de avance de 730 puntos de un total de mil como nivel ideal.

El mejor evaluado fue Chihuahua con 672 puntos, y le siguieron Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Querétaro, Oaxaca, Durango, Morelos, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.

Tamaulipas se ubicó en la posición número 15 con 318 puntos, que, comparados con los 236 del ranking 2013, muestra un avance de 82. Por debajo de la entidad se observó a Zacatecas, Coahuila, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, DF, Estado de México, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala, este último con apenas 145.5 puntos.

En el "Reporte de Hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México", el CIDAC menciona que Tamaulipas es uno de los 16 estados que operan parcialmente el nuevo sistema y que en promedio ocuparon 52.3 meses en la planeación a partir de la publicación de la reforma constitucional. Sin embargo, a la entidad le llevó 61 meses.

El año pasado, la federación destinó 917 millones 887 mil 680 pesos como apoyo a las entidades federativas para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, asignándose al estado 26 millones 303 mil 788 pesos.

El Centro de Investigación para el Desarrollo indicó que a nivel nacional, el proceso de capacitación del personal durante un periodo de tres años lleva un avance del 59.8 por ciento.

El reto es capacitar al 40.2 por ciento faltante antes de junio de 2016. Sin informar del monto de la inversión, Tamaulipas reportó al CIDAC haber capacitado a 180 agentes del Ministerio Público, 19 mediadores, 144 peritos y 95 empleados administrativos.

Aceptó un rezago de 500 elementos del personal administrativo, 33 ministerios públicos y 19 mediadores. También dijo haber capacitado a 300 agentes de la policía ministerial y tener pendientes 335 más.

En el análisis del CIDAC se evaluaron los ámbitos: "Coordinación y lujo de información", "Simetría institucional", "Ritmos de implementación", "Participación ciudadana" y "Recursos". En el primero, el estado tiene un nivel de desarrollo 2, que precisa entre otras cosas: Existe alta rotación de personal y poca especialización. La estructura no considera un área de seguimiento y evaluación. Hay poca disponibilidad de información pública sobre el seguimiento de la implementación u operación de la reforma penal. En el ámbito de "Ritmos de implementación" el nivel fue de 4: La entrada en vigor del sistema de justicia penal adversarial está definida y ha iniciado, pero se han observado retrasos en las etapas subsecuentes. No obstante, en el renglón de "Simetría institucional" se reconoce que existe un adecuado aseguramiento de la legalidad en cada etapa del proceso penal.

En "Participación ciudadana" que hay facilidad de acceso de información diversa y en "Recursos", que hay una proyección o estimación financiera general o específica, de la inversión necesaria para implementar la reforma penal.

El CIDAC apuntó que al vencer en junio de 2016 el plazo constitucional, se corre el riesgo de que por las prisas, se implemente la reforma en forma dei ciente.

"El mayor riesgo es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres, por lo que deben atenderse los puntos críticos", señala la asociación civil. También hizo ver que muchos de los cambios más relevantes no dependen directamente de la normatividad nacional, sino del criterio de las instituciones.

"De ahí la importancia de compartir buenas prácticas que puedan ser replicadas", concluye el análisis.