Nueva ley de amparo aplica solo desde el 3 de abril: Corte

Los magistrados de la SCJN determinaron que el plazo de 15 días para impugnar un acto privativo de libertad sólo regirá en los juicios que hayan iniciado después esa fecha.
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La nueva ley no será aplicable a los amparos promovidos antes de su entrada en vigor. (Cortesía)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el plazo de 15 días que concede la nueva Ley de Amparo para impugnar un acto privativo de libertad sólo regirá en los juicios que hayan iniciado después del 3 de abril de 2013, fecha en que entró en vigor la nueva legislación.

La semana pasada, el ministro José Ramón Cossío Díaz declaró que ese término viola los derechos humanos de las personas, por lo que pidió declarar inconstitucional el artículo 17 de la reformada ley.

Recordó que la anterior legislación no establecía un lapso para promover una demanda de garantías. Sin embargo, la mayoría del Pleno consideró que la postura del ministro no era tema de discusión, pues los quejosos en este juicio nunca reclamaron el plazo que marca la nueva ley, sino sólo querían que se admitieran sus recursos.

El tema regresará a la Corte sólo hasta que una persona reclame el plazo que concede el mencionado artículo.

Con el fallo de los ministros, se revocó la resolución de un juez federal que desechó la demanda de garantías que presentaron dos personas contra el auto de formal prisión que se les dictó como probables responsables del delito de fraude equiparable.

Los amparos interpuestos por los quejosos se promovieron antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo.

La resolución de la Corte deja claro que las personas que fueron sujetas a actos privativos de libertad antes del 3 de abril de 2013, podrán solicitar el amparo cuando sea el momento procesal oportuno, sin importar el tiempo que transcurra después de que se les dictó auto de formal prisión.

SENTENCIAS

La Corte dejó pendiente su resolución en torno al plazo de 8 años que otorga la fracción II del artículo 17 de la nueva Ley de Amparo para impugnar sentencias definitivas condenatorias, tema que derivó de la contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito, quienes tienen puntos de vista distintos sobre esa prórroga.

La ministra ponente Olga Sánchez Cordero pidió declarar constitucional el plazo, pues dijo que la medida legislativa busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado, y los de las víctimas, sin generarle al afectado, por una sentencia condenatoria, un obstáculo desproporcionado que le impide ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia.

Y agregó: "la previsión del plazo de ocho años, computados a partir del 3 de abril de 2013, que es la fecha en que entró en vigor la nueva legislación de amparo para controvertir una sentencia condenatoria que impone pena de prisión, no implica una medida legislativa de carácter regresivo, y por ende, es acorde al principio de progresividad".