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Lunes , 22.10.2018 / 10:20 Hoy

Ministro emplaza a Peña Nieto responder a Cholula sobre ley de seguridad

La ley continuará vigente porque las autoridades de Cholula no solicitaron la suspensión de la ley sino que pidieron la suspensión de otros actos que no guardan relación con el tema.

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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al presidente Enrique Peña Nieto, así como a las cámaras de Diputados y Senadores para que respondan a la demanda que presentó el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior.

La ley continuará vigente porque las autoridades del municipio no solicitaron la suspensión de la ley en su territorio; sólo pidieron la suspensión de otros actos que no guardan relación con el tema, pero no les fue concedida.

San Pedro Cholula interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, en la que reclamó los artículos 7, 11 y 16 de la ley, bajo el argumento de que trasgreden la libertad de los ayuntamientos para decidir sobre la materia.

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Tras admitir la controversia a trámite, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro instructor, emplazó al titular del Ejecutivo Federal, así como al Congreso de la Unión para que en un plazo de 30 días hábiles rindan los informes correspondientes y manifiesten lo que a su interés convenga en esta demanda.

"Con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído", señala el acuerdo.

Con la admisión a trámite se abre la etapa de instrucción del juicio, en el que se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada, que entró en vigor mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y que, de acuerdo con el municipio actor, violenta de manera flagrante su autonomía.

En el acuerdo se ordena dar vista a la Procuraduría General de la República con copia simple de la demanda y sus anexos para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda.

En los alegatos de la alcaldía se detalla que las fuerzas armadas no pueden realizar labores de seguridad pública; que es inconstitucional que el presidente de la República emita en cualquier momento una declaratoria para que el Ejército o la Marina intervenga en un municipio sin el consentimiento o mediación de la alcaldía.

Las autoridades municipales subrayan que la Constitución Federal otorga a los municipios plena libertad para decidir sobre temas de seguridad pública.

Por tratarse de una norma federal impugnada por un municipio, la Constitución y la Ley Reglamentaria de la materia no prevén como requisito una votación calificada, por lo que para la resolución de este asunto bastará con mayoría simple de los ministros presentes en la sesión.

AA

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